¿Y si mejor garantizamos derechos? El sábado se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. La fecha busca que se reconozcan los derechos de las personas que viven con algún tipo de discapacidad a nivel mundial.
Las redes sociales de múltiples empresas e instituciones públicas hicieron publicaciones alusivas a la fecha. En casi todas estuvo la palabra “inclusión”. Muy pocas de ellas adoptan acciones reales para que las personas que viven con alguna condición física, cognitiva o sensorial participen de forma igualitaria en contextos sociales y laborales.
Dicho de un modo más llano: fuera de algún post en redes, las acciones del sector público y privado son minúsculas.
¿Por qué no me gusta la palabra inclusión?
Hay al menos tres razones por las que entiendo que la palabra inclusión es un error en la República Dominicana:
1. En los últimos cinco años, más o menos, quienes usan inclusión, incluyente o inclusividad, repiten estereotipos de diversidad. Es paradójico, pero un concepto que está supuesto a explicar un ideal de convivencia sirve para establecer distancias entre personas.
A menudo escucho a gerentes de empresas que dicen que son inclusivos porque tienen unas acciones para todas las audiencias y otras para alguna persona con discapacidad. Así, la inclusión como idea de equidad se convierte en etiqueta o estigma, y contradice, mediante segregaciones, su definición: “Acción y efecto de incluir”.
2.La palabra se ha prostituido. Todos los términos tienen una evolución en la lengua de los hablantes de acuerdo con su uso. Un ejemplo es “bizarro”, que antiguamente significaba valiente, arriesgado y fuera de lo común. Hoy representa extraño, casi tenebroso. En nuestro país la palabra inclusión también ha evolucionado. Pasó de una idea a la que se podía aspirar, a la muletilla de todo el que trata de pagar una cuota discursiva.
Así, tienes entidades financieras que niegan servicios a personas con discapacidad, pero hacen publicaciones sobre inclusión. Ves a instituciones públicas que hablan de inclusión en sus discursos, pero incumplen el artículo 84, sobre Fomento del Empleo, de la Ley 05-13 sobre derechos de las personas con discapacidad.
En consecuencia, la palabra dejó de tener un significado positivo para formar parte de una práctica demagógica. Por eso considero que se prostituyó.
3.Si se garantizan derechos es innecesario hablar de inclusión. El gran desafío de todas las personas, tengan o no una discapacidad, es vivir en condiciones de dignidad, con garantías de derechos.
Prerrogativas como acceso igualitario a educación, salud, vivienda o empleo son mucho más urgentes que el discurso de la inclusión. Tienen que ver con la autonomía de los hombres y mujeres, sin importar las condiciones físicas, sensoriales o cognitivas con las que vivan.
Hace casi diez años se promulgó la Ley 05-13 sobre derechos de las personas con discapacidad. Hace 15 que el país ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En ambas piezas, el Estado dominicano se compromete a adoptar acciones específicas para que esta población viva en condiciones de autonomía y equidad. A la fecha, los datos disponibles apuntan en una dirección opuesta a los compromisos:
En materia laboral, sólo tres de cada diez personas con discapacidad tienen empleo. Más del 66 por ciento carece de una fuente formal o informal de ingreso.
En cuanto a educación, 23 de cada 100 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. En el caso de la población general sólo el 6% tiene analfabetismo. 21.6% no tiene ninguna formación escolar. 4.9% completó la primaria y 11% terminó la secundaria. Los datos pertenecen al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), de 2021.
En salud, los datos del Siuben indican que el 12.3% de las personas con discapacidad no pueden recibir servicios de salud por sí mismas. 20.7% dice que tiene mucha dificultad y 22.3% que tiene alguna dificultad.
Y si hablamos de la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones; hay más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre quienes viven con discapacidad y el resto de la población. Es decir, un adulto con discapacidad tiende a ser cuestionado en sus decisiones, frecuentemente, cualquier otra persona, cercana o no, decide por él, basándose en la etiqueta asociada a la condición.
Por eso, autonomía y garantía de derechos sí son términos claros respecto al estado de situación ideal para las personas. Hoy por hoy, la palabra inclusión es sólo una respuesta agradable para discursos y community managers de las instituciones y empresas.
Así, lo que sucedió el pasado tres de diciembre fue un festival destinado a complacer sentimientos de empatía. Mientras tanto, los derechos de las personas siguen siendo una asignatura pendiente en la agenda del desarrollo de la República Dominicana.
