Continuemos la conversación que hemos comenzado durante este emociónate Verano de Género. Incluso si la temporada pasó, tengo la certeza de que el debate sobre el rol del ‘género’ dentro de las políticas públicas continuará durante las demás estaciones. Y me alegro, porque debatir pública y pacíficamente es la esencia de un sistema de gobernanza democrático.
Durante las muchas conversaciones respecto a la Orden Departamental 33-2019, y la Resolución 07-2019, del Ministerio de Educación, a ambas iniciativas se les atribuyeron poderes plenipotenciarios, para erradicar la violencia machista que lamentablemente azota nuestro país.
Todos los males existentes (desde el bullying en las escuelas hasta la brecha salarial entre hombres y mujeres), serian solucionados al implementarse lo que algunos denominaron ‘la ideología de género’ y otras bautizaron ‘las políticas de género’.
Resultó extraño que durante ese debate nadie mencionó el Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Contrario a las propuestas anteriormente mencionadas, que solo involucraban un (1) ministerio, este Proyecto de Ley congrega a todos los actores del Estado para dar una respuesta contundente y coherente a la violencia machista: en total, involucra veintiún (21) instituciones públicas.
¿A qué se debe el silencio respecto a esta pieza legislativa? Por un lado, se encuentran quienes consideran que esta debe resarcir un retraso histórico, otorgando a las mujeres dominicanas derechos en base al sexo. Por el otro, promotores de ‘las políticas de género’, que auspician organizaciones internacionales y el Poder Ejecutivo, insisten en introducir el concepto de ‘identidad de género’, opuesto de los derechos en base al sexo.
La conceptualización de la ‘identidad de género’ alega que el género no es construido sociológicamente (por nuestro entorno), ni tampoco biológicamente (derivado de nuestro sexo), sino que se trata de una opción personal basada en una determinación interna, similar a la personalidad.
El último esfuerzo para introducir la ‘identidad de género’ en el Congreso tuvo lugar el 5 de octubre del 2018. La autoría del Proyecto de Ley en contra de la Violencia hacia la Mujer, es del senador Félix Bautista, pero nuestras estimadas legisladoras de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados lo convencieron de que lo cediera, procediendo a eliminar todos los derechos de la mujer basados en el sexo, sustituyéndolos por derechos basados en la ‘identidad de género’.
De manera perniciosa, la Comisión de Género otorgó la titularidad de derecho “en beneficio de todas las mujeres y sujetos víctimas de violencia, al margen de su identidad de género”, pero no de su sexo. Es decir, según esta versión del Proyecto de Ley, una mujer y un hombre que se identifica a sí mismo como mujer, se encontraban en igualdad de condiciones como titulares de derechos. Reflexionemos detenidamente sobre este punto.
Eventualmente, el legislador de San Juan se percató de que le estaban haciendo capú y no te abajes, se apoderó nuevamente de su Proyecto de Ley, lo dejó perimir y lo reintrodujo nuevamente el 28 de mayo del 2019: esta vez, enfatizando los derechos de la mujer basados en el sexo. Esta batalla campal ha sido todo un secreto, así que, por favor, no se lo digan a nadie.
Países que se autoidentifican como desarrollados, con autoridades e instituciones más robustas que las nuestras, y con derechos basados en el sexo supuestamente garantizados, actualmente están aturdidos ante las confusiones legales que abre el concepto ‘identidad de género’. ¿Por qué no debatirlo abiertamente en República Dominicana, en vez de intentar imponerlo a escondidas?
