Las nuevas autoridades tienen ante sí un reto, sortear la crisis económica más severa de las últimas décadas generada por una pandemia cuyo modo de contención está relacionado con el confinamiento y el distanciamiento, lo que por definición afecta a distintos sectores muy especialmente al importante sector turístico, con limitados recursos.
Debemos tener presente que el cambio de partido gobernante luego de dieciséis años continuos y casi veinticinco de gobierno, se dio en gran medida por el hastío de parte de la sociedad, principalmente la clase media, ante la corrupción, la impunidad, los abusos de poder reflejados en privilegios, gastos excesivos y utilización del Estado como botín político, y la falta de conexión entre dichas autoridades con los reclamos que hacía la sociedad.
La crisis nos recuerda que no guardamos pan para mayo, y que por no haber detenido a tiempo la sangría de recursos del sector eléctrico y por el contrario haber profundizado este agujero negro, por no haber racionalizado el gasto, cerrar los ojos ante la corrupción y abusar del financiamiento, hoy las nuevas autoridades están ante el dilema de necesitar más recursos para prestar el auxilio necesario a la población, garantizar la salud y tratar de reactivar la economía, pero tienen serias dificultades para que quienes sienten que han cargado más pesado acepten asumir más carga, pues entienden que es hora ya de que los platos rotos del déficit sean pagados por los que lo ocasionaron.
Como venimos de un escenario de derroche electoral en el que se gastó mucho dinero público en celebración de primarias de partidos y elecciones, incluyendo la pérdida ocasionada por las municipales fallidas, y en el que hubo un gasto exagerado por la laxitud de los topes establecidos en las nuevas leyes de partidos y electoral, y la prácticamente ausente fiscalización, la gente reclama con razón que primero hay que desmontar el alto costo de la política y los bochornosos privilegios de legisladores y otros funcionarios.
La contribución económica a los partidos que surgió con la Ley 275-97 para evitar que dependieran del financiamiento privado, tiene que ser ajustada, y sobre todo debe determinarse si la disposición de consignar un medio o un cuarto por ciento de los ingresos nacionales, según se trate de años electorales o no, varió luego de la aprobación del nuevo marco legal.
La asignación de porcentajes específicos en distintas leyes ha provocado la mala práctica de la modificación de la mayoría de estas en cada ley de presupuesto, como ha sucedido con los ayuntamientos que aunque deberían recibir un 10% de los ingresos están recibiendo menos del 3%, pero en adición se les sacrifica quitándoles una tajada de un 5% para la Liga Municipal, entidad que creó el dictador Trujillo con fines de controlar el poder municipal y que se ha mantenido con fines puramente clientelares pretendiéndola mutar en un asesor técnico que no ha sido. Por eso es impostergable cortar de cuajo esa desviación injustificada de recursos, en vez de continuar buscando vías para mantenerla viva so pretexto de reformarla, como ya se ha anunciado, y de elegir su próximo incumbente.
Aunque es legítimo exigir que los que saquearon al Estado paguen debidamente, debemos estar conscientes de que esto solo será posible luego de agotar largos procesos judiciales que deben llevarse a cabo con rigor y sin temor. Por eso ante la multiplicación de las necesidades y la reducción de los recursos aunque de alguna manera todos debemos sacrificarnos, debemos reclamar que las autoridades tengan una afilada tijera para recortar gastos, papel para modificar oportunamente disposiciones legales absurdas que fomentan el clientelismo y provocan privilegios, y la firmeza de una piedra para actuar enérgicamente contra el tráfico de influencias y la corrupción que, no solo nos han robado oportunidades de desarrollo, sino que nos hipotecaron el futuro y además nos quieren hacer pagar por ello.
