Uno de los mayores desafíos para el ser humano es desprenderse del consustancial individualismo y pensar en el bien común, lo que entraña un doble sacrificio, el de poner por encima del interés personal el de la colectividad, así como el de ceder en alguna medida el beneficio propio en aras de satisfacer el grupal. A pesar de que se suele identificar esto, sobre todo con las élites del poder político, económico y social, hay infinidad de ejemplos que evidencian que se da a todos los niveles, aunque ciertamente el radio de acción será mayor mientras más poder se tenga.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recientemente publicó su Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 con el contundente título “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, del cual se pueden extraer informaciones importantes para cada uno de los países de la región.
Este informe señala que “los sistemas fiscales, la política de competencia y las regulaciones del mercado a menudo se han modelado en beneficio de un pequeño grupo de ciudadanos más que en el bien común”, y que la mayoría opina que sus países son gobernados en interés de grupos poderosos y no por el bien de todos. Paradójicamente, el mayor porcentaje de esta percepción se da en dos extremos: Paraguay, uno de los países más pobres, con un 98%, y Chile, uno de los más desarrollados, con un 91%. Aunque nuestro país está por debajo de la media de la región de un 77% y entre los cuatro con menor percepción con un 63%, sigue siendo un porcentaje alto que debe provocar revisiones. A esto hay que sumar otro dato negativo, que es el alto porcentaje de la población a la que no le importaría tener un gobierno no democrático, siempre y cuando fuera eficaz, y en este renglón República Dominicana, con un 68%, está en el extremo más alto junto con El Salvador, mientras que Chile en el más bajo con 33%, siendo el promedio 55%.
Resulta contradictorio que si la percepción generalizada es que hay una gran concentración de poder que desvirtúa las políticas y obstaculiza reformas que fomentarían el desarrollo y aumentarían el bienestar común, una mayoría tenga la errada idea de que un régimen autoritario sea preferible siempre y cuando fuera eficaz, cuando sobran los ejemplos de que estos tienden ,no solo a acumular el poder y la riqueza en su clase gobernante, sino que la supuesta eficacidad de la mano dura, lo que hace es vulnerar derechos y dejar huérfanos de protección a los ciudadanos.
Este fenómeno está estrechamente relacionado con el bajo nivel de cumplimiento de la ley y la falta de credibilidad en los poderes del Estado, que erróneamente lleva a algunos a desdeñar el imperio de la ley, fundamental para el desarrollo de las sociedades y buen funcionamiento democrático. Sin embargo, nada es más indispensable para el bien común que tener un sistema en el que la igualdad de todos ante la ley se exprese a diario con las actuaciones de gobernantes y gobernados.
Si bien no hay recetas mágicas, se indica la necesidad de regular el financiamiento de campañas y el “lobby”; fortalecer el poder y la independencia de las políticas y agencias de competencia; mejorar los ingresos fiscales prestando atención a los lineamientos mundiales, en referencia indirecta a las decisiones del Grupo G7 que se espera sean acogidos por el G20.
La pandemia que nos tiene en vilo desde hace más de un año es la mejor muestra de que en este mundo interconectado más que nunca es urgente impulsar el bienestar global porque ha quedado demostrado que lo malo puede perjudicarnos a todos, y que no hay real solución hasta que alcance por iguala todos. Hace falta aprender de esta experiencia, prestar atención a los mensajes, comprender lo que las cifras reflejan, y estar en actitud de ceder ante el bien común, tomando conciencia de que nada ganamos halando tanto la cuerda para nuestro lado, si al fin y al cabo se puede romper y dejarnos a todos sin nada.
