La noticia del apresamiento de un diputado electo el año pasado por el partido de gobierno por supuesta vinculación con una red transnacional de narcotráfico en vez de tomarse como ocasión para intentar sacar ventaja y atacar al rival, lo que debería es provocar un acto de contrición de toda la clase política, especialmente quienes tuvieron la mayoría para aprobar la Ley 33-18 de Partidos Políticos, y voltearon irresponsablemente la mirada ante el cáncer que se sabía teníamos dentro del sistema, y que constituía la principal amenaza contra los partidos y la democracia.
Decimos esto no solo porque los montos aprobados como gastos de campaña son muy altos, lo que naturalmente es un desincentivo para quienes no pueden disponer de los recursos para competir y un incentivo perverso a que se acepten candidatos que pueden gastar esas sumas, sino por el hecho de que no se profundizó en la responsabilidad de los partidos sobre la procedencia lícita de los bienes del candidato, pues para inscribir la precandidatura lo que se pide es presentar a la Junta Central Electoral constancia que acredite la no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, como si lo único que importara es la “limpieza” de su organismo y no la de su patrimonio.
Incluso ni la Ley 33-19 ni la Ley 15-19 de Régimen Electoral exigen para la inscripción de candidatos la presentación de certificados de no antecedentes penales, y al leer los escasos requerimientos se constata que se exigen más requisitos para aplicar para ciertos trabajos o para participar en procesos de contrataciones públicas, que para registrarse como candidato a un puesto electivo.
La discusión y aprobación de la Ley 155-17 de Lavado de Activos dejó evidenciada la voluntad de poner todo el peso de la carga sobre unos cuantos, haciéndolos sujetos obligados de esta, pero de eximir de toda responsabilidad a otros como los partidos, quienes a pesar de que algunos así lo solicitamos no fueron incluidos como sujetos obligados de esta, y las bancas de apuesta casi logran quedar excluidas.
Esa peligrosa mezcla de altos costos de las campañas, ausencia de obligación de los partidos de hacer una debida diligencia sobre la procedencia lícita de los recursos que reciben y los de los candidatos que inscriben, y la laxitud de los requisitos exigidos para registrar candidaturas, aunada a la consabida apetencia de muchos aquí y en otros países por acceder a puestos electivos que otorgan inmunidades e influencia; ha causado lo que hemos visto, la lamentable emergencia de la narcopolítica dominicana.
Por eso no es de sorprender que como reseñan publicaciones de prensa, entrevistados den cuenta del enorme gasto de campaña del diputado imputado y de los cientos de canastas y electrodomésticos regalados a sus posibles electores, lo que deja ver que lamentablemente para algunos, y con mayor razón para aquellos más vulnerables, el voto tenga un precio.
Ante esa realidad la pérdida del visado norteamericano o la aplicación de sanciones en base a la Ley Magnitski que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como la inclusión en un temido listado, se han convertido en los archienemigos de algunos que en nuestro país consiguen cargos con numerosos votos e incluso archivos de sus expedientes, a lo que ahora se añadirá el terror de poder ser apresado en territorio norteamericano, donde la inmunidad legislativa no los protege.
Es urgente que, entre otras acciones, los partidos sean establecidos como sujetos obligados de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y que se hagan las reformas necesarias para que se reduzca el costo de las campañas y se fiscalicen debidamente los recursos recibidos y los gastos realizados, pues de no hacerlo continuará la peligrosa tendencia de hacer de las campañas territorio idóneo para lavar dinero sucio y para comprar los votos que permitan conquistar candidaturas y cargos que garantizan inmunidades, privilegios y poder político.
