Para nadie es un secreto que la corrupción ha sido siempre uno de nuestros principales lastres, así como también que la misma ha ido alcanzando niveles cada vez más altos y expandiendo sus tentáculos a más espacios.
Sin embargo, durante años, a pesar de que el país ocupaba los peores puestos en índices de corrupción la preocupación ciudadana por el tema no ocupaba el sitial que ya tiene, en parte por ignorancia de su gravedad , pero también por la frustración convertida en conformismo de que eso era una realidad inevitable.
Las redes sociales han revolucionado las comunicaciones y se han constituido en una ventana sin filtro a lo que sucede en todas partes , lo que ejerce una importante influencia en todas las sociedades.
Por eso el accionar de nuestras autoridades en relación con el escándalo de corrupción transnacional más grande que se ha dado en Latinoamérica, en el cual nuestro país ocupa un penoso lugar protagónico, está siendo constantemente contrastado por nuestra población con lo que sucede en los demás países.
Ante la indignación de buena parte de la sociedad que está hastiada de la impunidad y que ha decidido organizarse, nuestro sistema judicial dio pasos en relación con la acusación, hizo un acuerdo con la empresa imputada supuestamente para facilitar la acusación y dictó medidas de coerción, lo que calmò la efervescencia.
Pero no se dieron cuenta que era muy riesgoso avanzar acciones para luego o no cumplirlas o dar pasos atrás como pasó con la coerción, pues independientemente de los argumentos sobre la pertinencia de las medidas dictadas en un primer momento, su variación conduce a pensar que las manos poderosas que han impedido hacer justicia en casos anteriores, también actuarán en este proceso. Sería absurdo pretender que ante la gravedad del caso, el constante flujo de información sobre encarcelamientos y acusaciones en los demás países del círculo de corrupción de ODEBRECHT y la existencia de un movimiento organizado anticorrupción con más seguidores que los que caminan en sus marchas, podría suceder con este expediente lo que ha acontecido con otros en el pasado.
La falta de credibilidad en el sistema es generalizada, sus propios actores la recelan como expresó el Procurador en ocasión del último fallo de este caso, así como la desconfianza en el expediente, el cual se entiende que debe incluir a muchos más de los encartados, ingredientes estos explosivos que no pueden ser tomados a la ligera, pues las consecuencias de que el final de este caso no sea el que se entiende justo, podrían ser extremas.
La falta de confianza en el sistema judicial para afrontar la corrupción así como el convencimiento de que actores locales serían incapaces de tomar las decisiones necesarias, provocaron que en Guatemala la ONU creara la Comisión Internacional contra la Impunidad y la OEA en Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.
Por eso sería altamente riesgoso que nuestras autoridades no dimensionen la magnitud del hartazgo y falta de credibilidad ciudadanos y no tomen conciencia de cuán peligroso sería que no actúen frente a este emblemático caso, garantizando que se imparta justicia, pues esto podría provocar un convencimiento de que solo actores extranjeros podrán enfrentar la corrupción y la impunidad que internamente somos incapaces de atacar, lo que entraña consecuencias sobre la gobernabilidad y la estabilidad que podríamos luego lamentar.
