La participación ciudadana es un elemento esencial para mejorar la calidad de la democracia y la institucionalidad, esta tiene una doble dimensión ya que se ha configurado en la Constitución como derecho, y deber. En ese orden, en el artículo 75.12 de la Ley Sustantiva se establece el deber de los ciudadanos de: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
Es importante destacar que la figura del referendo también ha sido incluida como mecanismo de participación en el ámbito local. En ese sentido, en el artículo 203 de la Ley Suprema se establece que: “La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipal con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”.
De igual manera, en el artículo 208 de la Norma Suprema se establece que: Es un derecho y un deber de los ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.
En ese mismo orden, en el artículo 210 de la Constitución se establece que: “Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración”.
En este contexto, es importante destacar que cuando se requiera una reforma a la Constitución, y esta se refiera a derechos y garantías, su modificación debe realizarse mediante referendo aprobatorio, esta figura está consignada en el artículo 272, describiendo que:
Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio”.
En conclusión, la participación ciudadana tiene una doble dimensión, por un lado, está configurada, como un derecho fundamental, y también como un deber ciudadano. En este sentido, las personas tienen la oportunidad de participar de manera activa en la construcción de un mejor país. Para lograr este objetivo, se requiere pasar de una democracia representativa a una participativa, utilizando los mecanismos de participación que la Constitución y las leyes establecen.
