El artículo de la semana pasada, en el que propuse un conjunto de alternativas tributarias para hacer del sistema impositivo uno que recaude más, que sea más equitativo y que lastime menos la producción, recibió numerosas reacciones en las redes sociales. Algunas de ellas cuestionaban la necesidad de recaudar más sobre la base del bien fundamentado escepticismo respecto al gasto público. Parafraseando a algunos: ¿Para qué recaudar más si se desperdicia mucho, si se lo roban, si lo malgastan en clientelismo? De hecho, en su informe “Se buscan recursos para garantizar derechos”, OXFAM estimó en 90 mil millones de pesos o 2.5% del PIB el monto de recursos que podría ser arrebatado a la corrupción, el clientelismo y el dispendio, para ponerlos al servicio de la gente.
Los cuestionamientos se hicieron a pesar de que en la misma pieza argumenté que sanear el gasto es un componente esencial para transformar la fiscalidad, y que los esfuerzos por mejorar la calidad del gasto (los cuales pasan por enfrentar la corrupción y el clientelismo) así como para reducir la evasión tributaria, son insuficientes porque el monto de recursos que se necesita es mucho mayor al que se puede obtener por esas vías y de forma oportuna.
En otras palabras, se necesita mucho más que 2% del PIB para enfrentar el desafío fiscal. Ese desafío no se limita a reducir el déficit público, el crecimiento de la deuda y el peso del pago de su servicio en el presupuesto, y a darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Es también, y ante todo, poner al fisco al servicio del desarrollo productivo y social, y del bienestar de las personas, y eso implica gastar mucho más, además de gastar mejor.
Reducir el peso de la deuda y aumentar la inversión pública
Para empezar, darles sostenibilidad a las finanzas públicas implica lograr que, por lo menos por un tiempo, los ingresos crezcan más rápidamente que los gastos, a fin de reducir el déficit público y la demanda de financiamiento. Una estimación apunta a que, para lograr equilibrio presupuestario en 2024 y hacer que la carga de la deuda sea manejable a largo plazo, el esfuerzo fiscal que habría que hacer sería de 0.5% del PIB.
En adición a esto, la República Dominicana requiere incrementar de forma importante la inversión pública, que en la actualidad es equivalente a menos de 3% del PIB. Lo razonable es llevarla hasta 5% del PIB, lo cual supondría aportes adicionales por cerca de 2% del PIB.
Encima de lo anterior, están los numerosos compromisos sociales que ha asumido el Estado dominicano para con su gente, y que se encuentran consignados en las convenciones mundiales sobre derechos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y hasta en leyes específicas. Se trata de compromisos que, por su impacto en la calidad de vida de las personas y en el ejercicio de derechos fundamentales, son sencillamente ineludibles.
He escrito antes sobre esto, pero el tema parece merecer la insistencia. Aunque no es posible mencionar todos los compromisos, y varios de ellos no implican asignaciones directas de fondos, hay varios que ameritan una mención específica y se necesita tener una idea de cuánto podría costar.
Seguridad social y salud
El primero sería lograr la cobertura universal de la seguridad social en salud, y el mejoramiento de los servicios de atención. Esto implica ampliar la cobertura del régimen subsidiado (o alguna versión modificada) para cubrir la población desprotegida como resultado de la no implementación del régimen contributivo-subsidiado y elevar la contribución per cápita.
Duplicar esa contribución (que es actualmente de unos 216 pesos por persona por mes) para cerrar la brecha respecto al monto del régimen contributivo (algo más de mil pesos), y cubrir las cerca de 3 millones de personas que no están afiliadas al sistema podría costar no menos de 15 mil millones de pesos o 0.4% del PIB. Ese aporte a través de la seguridad social puede reducir el déficit de financiamiento de los servicios. Por supuesto, en salud se requiere mucho más que financiamiento para lograr tener los servicios que merecemos.
Agua potable y saneamiento
El segundo sería incrementar la población con acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Las brechas de acceso a las redes públicas de agua en el país son de las grandes en toda la región. La última cifra disponible es que un 18% de los hogares no cuenta con servicio. Para cerrar esta brecha no hay alternativas razonables más que aumentar la inversión pública. Duplicarla a mediano plazo podría ser razonable, lo cual implica incrementar los aportes en unos 10 mil millones de pesos o 0.3% del PIB. No obstante, al contabilizar, este aporte podría formar parte del crecimiento necesario de la inversión pública mencionado antes.
Justicia
Es ampliamente conocido que el sistema de justicia está significativamente subfinanciado. Cada año se viola la ley al proveérsele al sistema cerca de un 55% de lo que le corresponde. El resultado es desastroso. La mora judicial y la denegación de justicia que ella acarrea, en parte como resultado de la falta de recursos, no sólo es innegable sino muy perturbadora. El hacinamiento y las condiciones en la mayoría de las cárceles del país es una de las evidencias más dramáticas de eso. Cumplir con la ley implicaría incrementar el financiamiento en unos 9 mil millones de pesos o 0.25% del PIB. Súmele a eso lo que habría que aportar adicionalmente para la seguridad pública.
Pensiones solidarias y Bono de Reconocimiento
Otro es las llamadas pensiones solidarias que manda la ley de la seguridad social para personas mayores de 60 años, jefas de hogar y personas con discapacidad severa y que viven en pobreza extrema. A 17 años de haber sido aprobada la ley, no se ha cumplido con esto. Una estimación precisó el número de personas en esa situación en 310 mil, y el gasto total necesario para cubrir esas pensiones, cada una por un monto de 5 mil pesos mensuales (ingreso de pobreza) equivale a 1.2% del PIB. Quizás los aportes que ya hacen programas como Progresando con Solidaridad a los hogares y personas elegibles para este beneficio pudieran acreditarse como parte del monto de la pensión.
Por su parte, el Bono de Reconocimiento, también consignado en la ley de seguridad social, no es más que la obligación del Estado para con las personas que estaban afiliadas al viejo régimen de pensiones de reparto del Estado y que pasaron al nuevo sistema de pensiones de capitalización individual. Estas personas, que por años aportaron al sistema de reparto, tienen el derecho a que se le devuelvan sus aportes a través de ese bono, para así elevar sus pensiones cuando se retiren. Hay unas 45 mil personas en esa situación y en 2006 el Estado debía casi 34 mil millones o 2.6% del PIB de ese año.
Vivienda
En la actualidad, el gasto público en vivienda y hábitat (urbanización, servicios y desarrollo comunitario) observa niveles dramáticamente bajos. En contraste, el déficit habitacional, siguiendo la definición que usa el Estado, es de más de 850 mil unidades. Enfrentar esto requiere inversión pública directa de viviendas a hogares muy pobres, apoyo a otras vías que faciliten la adquisición, la reconstrucción y el mejoramiento de viviendas para otros hogares pobres. Una propuesta sugiere que se eleven los aportes públicos por un monto equivalente a 0.5% del PIB por año, una parte de los cuales pudiera formar parte del presupuesto de inversión pública.
A todos los puntos anteriores habría que sumarle, por lo menos, el mejoramiento del financiamiento a la protección del medioambiente, gastar en agropecuaria (en particular en riego, aprendizaje tecnológico, financiamiento y comercialización), y la inversión que hay que hacer en distribución de energía para reducir las pérdidas financieras del sector.
Aunque para aproximarnos a una cifra total no deben sumarse linealmente los requerimientos mencionados porque habría duplicidades, es evidente que el tamaño del esfuerzo fiscal que habría que hacer supera el 5% del PIB o más de 180 mil millones de pesos.
Que esto no se malinterprete: si no se enfrenta de forma decidida la corrupción, el clientelismo, el dispendio y la discrecionalidad, poco podemos esperar de mejorar el financiamiento al Estado. Por ello, negociar un aumento de los ingresos debe estar precedido de un acuerdo robusto y verificable en materia de gasto público, transparencia, rendición de cuentas y régimen de consecuencias.
Pero la discusión no puede detenerse allí porque eso sería condenar a la miseria a nuestro sector público, a quienes más lo necesitan y a la sociedad como conjunto. Tenemos que tener claridad del Estado que queremos, de los servicios que le reclamamos y de cuánto nos cuesta.
