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Desarrollar riquezas en democracia requiere de un acompañamiento de un cuerpo policial integrado y capacitado para la prevención y acercamiento comunitario. Es una de las instituciones relevantes del Estado para en su nombre garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
No puede ser un cuerpo policial militarizado, rudo y de tolerancia cero, puesto que es siempre un instrumento de represión política para coartar los derechos. Peor si es disfuncional, como lo es la actual PN, presa de la corrupción y el crimen organizado guarecido en sus entrañas.
Un gobernante interesado en el predominio del ejercicio de los derechos, pasa vergüenza porque es desautorizado al no poder garantizar la vigencia democrática. Peor si se trata de un cuerpo policial disfuncional, la corrupción y el delito se adueña de ella, con todas sus consecuencias.
El propósito esencial de la policía es prevenir el delito; si llega a cometerse, la policía es soporte del ministerio público para investigarlo y llevar los responsables ante un tribunal.
¿Qué es el delito? ¡La violación a una norma jurídica que preserva, usualmente, un derecho! ¿Cómo se califica el que comete un delito o un crimen? ¡Infractor o delincuente! ¿Por qué se originan los delitos? ¡Por diversos factores, pero son más frecuentes por debilidades institucionales del Estado y falta de cohesión social! Los país en desarrollo, como el nuestro, logran controlar la tasa de delito y la criminalidad con un cuerpo policial para la prevención.
Se trata de integrar, capacitar, equipar y estructurar en cadena de mando un cuerpo policial para la prevención, en dominio de los medios para evitar violaciones en el ejercicio de los derechos, empezando por ellos mismos en sus actuaciones, recorrer frecuentemente cuadras, barrios, ciudades, parajes y campos en vehículos motorizados, a pie y portando sus utilerías de control y comunicación; saber acudir al llamado. Es decir, siguiendo un plan conforme al mapeo y tipificación del delito, para evitarlo.
Tener disponible un cuerpo élite, con entrenamiento especial para manejos de crisis, motines y eventos excepcionales, debe ser formado, equipado para controlar eventos respetando su propósito de hacer prevalecer los derechos.
Se debe reflexionar sobre la colocación bajo el control directo de la Procuraduría General de la República y el ministerio público, convirtiendo la Dirección de Investigaciones Criminal (Dicrim) en lo que podría denominarse Policía Judicial.
La reforma policial debe llevarse como todo un proceso en fases sucesivas, pero iniciarse sin dilación. La tasa de criminalidad afecta trasversalmente a todos y tiene un efecto que no se ve, pero se siente; el BID asegura que para 2013 Uruguay tuvo un “costo económico de la violencia que alcanza unos US$1.200 millones al año, lo que equivale al 3,1 por ciento del PIB” ¿ Cuál es el nuestro?.
El gobierno dominicano debe retomar el Decreto 62-07, dictado el 26/2/2007 por el entonces Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, que puso en marcha desarrollar la prevención como función fundamental de la PN. En él se destaca: “Que el Plan de Seguridad Democrática tiene como uno de sus ejes principales la profesionalización de la Policía Nacional, a fin de que desarrolle con eficacia su función de prevención delictiva y garante del ejercicio de los derechos ciudadanos”.
Sobre esa fase del proceso de reforma policial, seguirá luego.
