A lo largo de los últimos 30 años, la República Dominicana ha evidenciado progresos significativos en materia de alimentación y nutrición. Otros países de la región también han mostrado avances importantes.
En el caso dominicano, dos de los indicadores más icónicos, la subalimentación y la desnutrición infantil crónica, han registrado reducciones notables. Entre 1990 y 2016, la proporción de población subalimentada, es decir, que consume diariamente un número de kilocalorías menor al recomendado, cayó en casi dos tercios, pasando desde algo más de 32.5% hasta 12.3%.
Igualmente, la desnutrición infantil crónica, que es la proporción de niños y niñas menores de 5 años que muestran una insuficiencia de la talla para la edad, se redujo desde algo más de 20% en 1986 hasta 5% en 2013. La insuficiencia de la talla es el resultado de una precaria ingesta de vitaminas y minerales.
El incremento sostenido del ingreso per cápita debió de haber contribuido de forma decidida a este resultado. En 2017, la economía produjo 4.3 veces más que en 1991. En ese período, el PIB real creció a una tasa media de 5.5% por año, y la producción per cápita casi se triplicó. Esto implicó una expansión considerable de la base material que contribuyó a reducir la incidencia de la pobreza a largo plazo y apoyó un cambio para mejor en la ingesta de alimentos.
Por otra parte, la disponibilidad de alimentos mejoró gracias a un aumento de la producción y de las importaciones, lo que se tradujo en un incremento del consumo per cápita. A pesar del rezago de la agropecuaria, entre 2002 y 2015, el volumen de la producción per cápita de alimentos creció cerca de 10%, y las importaciones también se expandieron. El resultado fue un incremento moderado del consumo per cápita. En promedio entre 2013 y 2015, el consumo por persona de alimentos de origen vegetal fue casi 16% más elevado en el período 2002-2004, y el de alimentos de origen animal en casi 10%.
Las brechas persistentes
A pesar de lo anterior, todavía persisten brechas importantes que deben ser enfrentadas con urgencia y determinación. Todavía en el país hay más de un millón de personas subalimentadas, y hay unos 65 mil niñas y niños que sufren de desnutrición crónica por una precaria ingesta de micronutrientes.
Según datos de 2013 (no hay estadísticas más recientes), la prevalencia de la desnutrición infantil crónica es particularmente elevada en los niños y las niñas de los hogares más pobres y de aquellos de madres sin educación y con educación hasta el nivel primario. Además, persisten déficits de micronutrientes importantes entre mujeres no embarazadas y en niños y niñas menores de 5 años, tales como anemia, deficiencia de hierro, vitamina A y yodo.
Más aún, a la perseverancia de esos déficits se le ha sumado el intenso crecimiento del sobrepeso y la obesidad. En 2013, casi el 39% de los hombres y más del 50% de las mujeres entre 15 y 49 años estaban en sobrepeso u obesidad. A este problema se le conoce como la “doble carga”, porque implica la presencia simultánea de problemas alimentarios tradicionales con nuevos fenómenos asociados a la calidad de la alimentación.
Definiendo una hoja de ruta
Frente al desafío de cerrar las brechas persistentes y encarar las nuevas, el Estado dominicano y representaciones del sector privado y la sociedad civil se involucraron en un proceso para definir una hoja de ruta para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, que es el de erradicar el hambre y promover una agricultura sostenible. Este proceso contó con el liderazgo de la vicepresidenta de la República y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), y con el apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentación (PMA) de las Naciones Unidas y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Se trató de un proceso muy abierto, con dos amplias consultas presenciales, una virtual y varias territoriales, y contó con insumos técnicos que permitieron identificar el estado de situación, el marco normativo, la oferta programática del Estado (pero también de la sociedad civil y del sector privado) en materia de alimentación y agricultura, y las brechas que persisten en las intervenciones públicas y capacidades institucionales.
Lo que hace el Estado
El proceso logró identificar con claridad el conjunto de instrumentos legales que amparan las acciones del Estado en materia de agricultura y alimentación. En leyes, destacan por ejemplo la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN). También todos los programas del Estado y las iniciativas no estatales.
El resultado de ese esfuerzo fue no sólo un mapa bastante amplio de la oferta programática, sino también un balance de éste, el cual apunta a que aunque el Estado tiene una significativa cantidad de programas, el grueso de ellos en términos de su alcance y significancia se concentra en el objetivo de enfrentar la subalimentación debido en parte a que la inversión más significativa se hace en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y en los programas de transferencias condicionadas del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) dirigidos a la compra preferente de alimentos. El primero tiene un alcance de unos dos millones de estudiantes, y el segundo llega a más de 850 mil hogares o 2.6 millones de personas. El resto son programas relativamente pequeños y de alcances limitados.
Los déficits programáticos
Igualmente, el proceso logró precisar debilidades en el marco legal, en especial una insuficiente aplicación (por ejemplo, de la ley de seguridad alimentaria), desactualización de una parte (p.e. la ley del Ministerio de Agricultura), y áreas descubiertas que ameritan normativas.
En materia de programas del Estado, apuntó a que muchos son pequeños, poco robustos y con una baja calidad, no cuentan con suficiente información para un diseño adecuado, no son sostenibles, y están frecuentemente desarticulados y dispersos. Igualmente, la mayoría cuentan con pocos recursos, acusan de debilidades en las capacidades humanas y no aprovechan lo suficiente los recursos comunitarios y de otras instituciones públicas.
Con respecto a las capacidades institucionales, se identificaron importantes déficits en las capacidades institucionales en el Estado para ejecutar funciones, sistematizar información, analizar datos y coordinar y articular esfuerzos intergubernamentales y con ONG.
Lo que hay que hacer
De todo lo anterior, emergió una agenda de siete puntos generales que debe marcar los esfuerzos para erradicar la subalimentación, la malnutrición en el país, y para promover una agricultura sostenible. Estos son:
1. Fortalecer el marco legal y cumplir con la ley, en especial poner en práctica la ley de soberanía y sistema de seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) y elaborar el plan nacional. Pero también hacen falta nuevas normativas como una nueva ley del Ministerio de Agricultura, reglas para la comercialización de productos agrícolas, para etiquetado, y normas complementarias de gestión de riesgo en materia de alimentación.
2. Mejorar la calidad de los programas, diseñándolos mejor y focalizando su atención en los temas que reciben menos atención como suplementación con micronutrientes, reducción del sobrepeso y la obesidad, y fortificación de los alimentos.
3. Generar evidencia robusta y oportuna sobre la situación de la alimentación, la nutrición y la agricultura. Sin datos no se pueden hacer políticas efectivas porque estaríamos caminando a ciegas. Los datos deben considerar las diferencias entre los territorios, entre hombres y mujeres, entre población infantil, joven, adulta y adulta mayor, y las situaciones que viven poblaciones vulnerables como la población viviendo con VIH/SIDA o tuberculosis.
4. Asegurar recursos. No sólo se trata de financiar adecuadamente los programas, sino también darle sostenibilidad en el tiempo. La restricción fiscal es una barrera muy importante, pero también se pueden hacer sinergias y aprovechar recursos de otros programas y de las comunidades.
5. Construir mejores instituciones. Aunque haya buenos programas y recursos, sin buenas instituciones, hay una alta probabilidad de que las iniciativas fracasen. Se requiere formar personal en gestión, nutrición y agricultura sostenible y resiliente al cambio climático, y crear capacidades para gestionar programas interinstitucionales y con participación comunitaria y de ONG.
6. Promover la educación en nutrición. Hay consenso en que no sabemos cómo alimentarnos bien. La educación en nutrición es altamente costo-efectiva y hay que poner empeño en ello. Piénsese en el problema de sobrepeso y obesidad y el bajo nivel de lactancia materna.
7. Fortalecer la coordinación interinstitucional dentro del sector público, con las iniciativas privadas y con los actores locales. La sinergia y la colaboración pueden ayudar a ahorrar recursos, a hacer que las intervenciones lleguen más lejos y a que sean más efectivas.
Erradicar el hambre debe ser el objetivo más prioritario de todos. Los pasos para lograrlo están identificados. Falta por ver la voluntad y la capacidad de gestión para avanzar.
