“El porvenir parece estar suspendido.
Vivimos este momento extraño,
desesperante e inquietante,
en el que nada parece posible.”
Laval y Dardot
Extraña que los medios no hayan informado prácticamente nada sobre lo que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas en uno de los países más interesantes y bellos de Nuestra América: Panamá.
Desde mediados del mes de octubre las calles panameñas han sido escenario de manifestaciones populares que dejan de manifiesto entre otras cosas, la crisis terminal de los regímenes políticos post dictaduras al sur del río Grande. Como es bien sabido, la democracia panameña es herencia de la invasión norteamericana de 1989 que además dejó instalado allí el sistema neoliberal, evidentemente sin consulta alguna al soberano. En esta isla se conoce muy bien las herencias que dejan en la política las invasiones norteamericanas, independientemente de los motivos a los que se recurra para justificarlas.
En el caso de Panamá resulta imposible no empezar recordando la ignominia de doña Mireya Moscoso cuando dejó en libertad la noche antes de abandonar la presidencia al criminal cubano Luis Posada Carriles responsable de colocar una bomba en un avión lleno de pasajeros de Cubana de Aviación en 1976, mejor conocido como el Crimen de Barbados.
Igualmente, para entender lo que está ocurriendo ahora en ese país basta recordar los levantamientos populares ocurridos en 2022, que se explican por una alta desigualdad, la corrupción y el aumento de los precios de los productos de primera necesidad. En el itsmo se anida uno de los más conocidos paraísos fiscales, la corrupción constituye muy probablemente la principal causa de la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus dirigentes políticos. Allí, como en otros países del continente, también ocupó grandes titulares Odebrecht.
Carlos Guevara Mann, politólogo e historiador de la sede panameña de la Universidad del Estado de Florida, vaticinó en 2022 lo que está sucediendo hoy en unas declaraciones a BBC Mundo: “Esto puede en este momento matizarse, pero llegará el momento en que va a hacer erupción, como hemos dicho. Y aquí entonces vendrá un cambio más radical de parte de la población y entonces traerá consecuencias que no podemos saber ni medir en este momento”.
No se equivocó el profesor Guevara Mann. El actual presidente Laurentino Cortizo, es un exfuncionario de la OEA, empresario ganadero (y por lo tanto exministro de Desarrollo Agropecuario) en cuyos ejes programáticos, además de la superación de la pobreza, se destacaba la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
Tales ofertas fueron dejadas de lado cuando el gobierno panameño en enero de 2022 comenzó negociaciones “reservadas” con la Panamá Mineral que culminaron en marzo de 2023 y que replicaba vicios de acuerdos anteriores que ya habían sido declarados inscontitucionales. El pueblo se fue a la calle luego de que los legisladores -en un inusual día de sesiones, pero con las usuales fullerías- aprobaron la Ley 406 en 72 horas y el 20 de octubre el presidente la promulgó, ignorando el sentimiento popular que expresaba en las calles que “Panamá vale más sin minería”.
En ecosistemas tan frágiles no hace falta siquiera considerar a los defensores del crecimiento y de la necesidad de las inversiones extranjeras en explotaciones mineras. Recordemos solamente que la minería verde no existe.
Lo que sí existe y el pueblo panameño lo defiende en las calles por días y noches es su soberanía. Habiendo vivido y padecido la obscenidad de “Canal Zone” se hace imposible aceptar que se le quiera dar paso a un nuevo enclave de 12.000 hectáreas ubicadas en el corredor mesoamericano y por lo tanto zona protegida.
En un intento por calmar las multitudinarias protestas, el presidente Cortizo afirmó en un mensaje a la nación el 29 de octubre pasado: “A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”. La cita es todo un tratado especialmente si le asignamos alguna legitimidad a los legisladores que por lo general son más soberanos frente a un millón de dólares que frente a un millón de votos.
Como primer resultado ya se ha establecido una moratoria para nuevas concesiones mineras, aunque se mantiene el suspenso frente al acuerdo con Panamá Mineral. Sin duda un gran avance, aunque insuficiente para el pueblo panameño al que observamos admirados y atentamente y, ¿a qué negarlo? Esperanzados en que logre efectivamente hacer valer sus derechos soberanos frente a sus recursos naturales y también frente a sus derechos políticos que han sido burlados tantas veces por las élites luego de los levantamientos sociales. La primavera árabe o el Chile del 2019 son ejemplos que no deben
repetirse.
Los cambios del siglo XXI implican como plantea Castoriadis “transformar instituciones centrales mediante la actividad de la sociedad misma” de modo que los agentes sociales y políticos del cambio tienen que ser conscientes de que no se trata de defender la instituciuonalidad, se trata de transformarla.
