Que los actores políticos lleguen a consensos en iniciativas que beneficien a la gente es especialmente difícil. Es más difícil aun cuando se está en medio de un año preelectoral en que las fuerzas políticas más que al interés general, dan prioridad al desarrollo de estrategias que entiendan les pueden sumar algunos votos en el mercado electoral. Esto es grave, pues más allá de un período electoral, la democracia es en sí misma un proceso constante de diálogo y construcción de consensos, el cual debe derivar en acuerdos que tengan como centro a la ciudadanía. La negación a la firma del Pacto Eléctrico por parte del PRM, el principal partido de oposición, es una demostración de la visión cortoplacista de la clase política dominicana.
El Pacto Eléctrico está contenido en la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional del Desarrollo 2030, la cual obliga a la construcción de otros dos grandes acuerdos: el Pacto Educativo y el Pacto Fiscal. Esta legislación previó que la continuidad de las políticas de Estado en los sectores priorizados, requería de la construcción de consensos que condujeran a los pactos indicados. El Pacto Eléctrico estuvo precedido de un amplio proceso de consultas y diálogos intersectoriales que duró más de tres años y que generó miles de propuestas dirigidas a mejorar la eficiencia del sector eléctrico en el país.
El logrado no fue el pacto ideal, pero si el pacto posible. Fue el que permitió la actual correlación de fuerzas representadas en el Consejo Económico y Social (CES) y en las asambleas donde se llevaron a cabo los debates. El documento deja de lado aspectos relevantes, pero presenta avances en temas como el compromiso con un plan de reducción de pérdidas en el sector, la institucionalización y mayor eficiencia de las empresas distribuidoras, una mayor transparencia en el sector y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y fiscalización. La existencia de un pacto no cierra la discusión sobre nuevas propuestas a ser consideradas para la mejoría del sector eléctrico.
La firma del Pacto Eléctrico debe verse como punto de partida en la urgente tarea de transformar el sector, no como una oportunidad para hacer proselitismo electoral. Cualquier pacto implica un proceso de negociación entre actores con visiones e intereses diversos. A este se va con la intención de disuadir sobre las bondades de las propuestas que se defienden, pero al mismo tiempo, de ceder donde no es posible convencer. Un diálogo democrático significa llegar a acuerdos en aquellos puntos en los que hay coincidencia. Una vez aprobado el pacto, se abre una oportunidad para seguir presionando por mejoras.
