Personalmente, nunca he sido muy amigo de los pactos. Tiene mucho que ver con el trauma de las famosas comisiones del Presidente Joaquín Balaguer, que cuando quería que algo no se resolviera creaba una.
En esta oportunidad existe una Estrategia Nacional de Desarrollo que acuerda tres pactos: educación, eléctrico y fiscal.
De los tres el único al que se logró un consenso fue el de educación y aunque sus resultados son a mediano plazo con sus tropiezos, especialmente la oposición de la Asociación Dominicana de Profesores a muchos de los acuerdos, veremos pasos de avances que serán en el mediano y largo plazo.
Luego de la renuncia de Andrés Navarro, existía cierta preocupación sobre quién ocuparía la importante cartera de educación, que pudiera dar continuidad a lo acordado en el pacto.
Las preocupaciones fueron despejadas con el nombramiento de Antonio Peña Mirabal, un gran profesional con quien tuve el honor de poder trabajar en el sector público y que brilló durante su gestión frente al Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), fue Viceministro Administrativo de Educación y ahora como Ministro podrá llevar a cabo lo acordado en el pacto educativo.
Pero vamos a lo del pacto eléctrico. Desde los inicios del mismo mantuve mis reservas sobre la firma del mismo, debido a los intereses y al hecho de que el sector eléctrico ha sido más que estudiado y aplicar la ley sería el mejor de los pactos.
Sin embargo, hemos visto con los años que la influencia política en el sector ha evitado que se aplique la ley, se cobre a todo el mundo y se lleve el sector a la eficiencia que todos deseamos.
El propio amigo Rubén Bichara en esos momentos en que nos hemos reunido para hablar de las experiencias del sector me confesaba “Celso yo no puedo hacer lo que tu hiciste porque yo soy político y hay decisiones que son difíciles para un dirigente político”. Aplaudí su honestidad y no sólo me lo ha expresado a mí, lo ha hecho de forma pública.
Múltiples reuniones de los sectores convocados, largas e interminables discusiones, en un momento en que parecía que se llegaba a un final feliz, la Asociación de Industrias de Herrera sorpresivamente se retiró evitando la firma.
Para muchos fue un enigma, ya que varios expresidentes de esa asociación forman parte del gobierno y se entendía que sería la primera en apoyarlo, pero su expresidente Antonio Taveras, hoy candidato a la presidencia, tenía una visión diferente y el esfuerzo se fue al traste.
Ahora que parecía que finalmente había luz al final del túnel, pero sorpresivamente el Partido Revolucionario Moderno se retira y emite un documento de diez puntos que para ellos son fundamentales para la firma del pacto, cuando los principales líderes del partido habían confirmado la firma del mismo al sector gubernamental y empresarial.
De los diez puntos, algunos ya estaban contemplados en el pacto. Un solo Consejo para todo el sector; auditorías como las llevan a cabo todas las empresas para presentar sus declaraciones a la renta, con más razón empresas públicas que manejan nuestros impuestos; las licitaciones están contempladas en la ley 340/06; la tarifa social está en el bono luz; el respeto a la ley general de electricidad parece una broma porque las leyes todas están para respetar. No creo que nadie objete ninguno de estos puntos.
Sin embargo, parecen políticos los puntos de eliminar los apagones en diez y ocho meses. El propio PRM, antes PRD, dirigió el sector por 48 meses y no eliminó los apagones. Falta inversión y despolitización para lograr este objetivo. También parecería más político que técnico que el pacto no lo firman hasta que el gasto de las distribuidoras no sea igual al diez por ciento de los ingresos.
El sector empresarial ha sido claro de la necesidad de este pacto, que aun cuando se fundamenta en las leyes actuales, es una forma clara de sacar la política, reducir los gastos y llegar en el menor tiempo posible a eliminar los apagones y el déficit.
Para los incrédulos, la ventaja que daría el pacto, aun cuando es redundante en muchos de los aspectos a cumplir, es que podríamos tener mucha más fuerza frente a la despolitización del sector y de no cumplirse la eficiencia que todos deseamos poder reclamar y decir: firmaste y no cumpliste. No a este gobierno sino a todos los que vendrán en años subsiguientes.
De esta forma no tendríamos diputados eléctricos ni políticos que quieran usar el sector como plataforma para sus candidaturas, aunque nunca lleguen a tener más de los 7,000 alumnos como prometió el Maharishi.
