Dediqué mi artículo anterior a razonar sobre lo inoportuno que resulta embarcarnos ahora en dividir al país con el debate sobre el aborto y sus atenuantes, cuando el pueblo dominicano debe unificarse para hacer frente a las secuelas de salud, económicas, sociales y sicológicas que nos deja la pandemia de coronavirus 2019.
Cité los denodados esfuerzos que están realizando el presidente Luis Abinader y su gobierno en hacer las inversiones necesarias para equipar el desvencijado sistema de salud dejado por los gobiernos anteriores, completar el plan nacional de vacunación e ir mejorando las condiciones de vida y de trabajo del personal de salud.
Atender además el impacto demoledor sufrido por la producción, el comercio y el turismo, a causa del COVID 19, que han venido a disparar los altos niveles de desempleo y pobreza, ya encontrados, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes.
A esas urgencias se suman otras no menos apremiantes, como son los déficits de servicios públicos y otros pasivos sociales encontrados por el gobierno inaugurado hace apenas 7 meses.
Antes que debatir sobre el aborto o no, que puede afectar a cantidad reducida de personas, deberíamos atender las insatisfacciones que mantienen en vilo la gobernabilidad social del país, por la indignación que provoca la desatención eterna de los gobiernos a la insuficiencia o carencia de agua potable y para el trabajo en la mayor parte del territorio nacional, y el necesario sistema de drenajes y disposición final de aguas residuales y desechos sólidos.
Es prioritario desarrollar una estrategia de fomento industrial encadenada al sector exportador, el comercio y la agricultura, apalancada en el auge tecnológico que ahorra costos y tiempo productivo.
Urgentemente prioritario es superar la incapacidad del Estado para auspiciar rentabilidad en el campo, que dará seguridad alimentaria, generación de divisas y empleos, capital social.
No menos atendible que las anteriores prioridades, es cambiar un sistema de gobierno corrompido, obsoleto y disfuncional que no respeta ni sus propias leyes, por lo que el presidente Abinader se ha visto obligado a emitir el decreto 149-21, hace apenas dos semanas, creando el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública.
Urge empujar los ejes transversales de crear un sistema educativo de calidad, preservar y darle sostenibilidad al medio ambiente, levantar un eficiente sistema de infraestructuras viales y organización del tránsito de pasajeros y de cargas.
Y en general requerimos empezar a institucionalizar el país, que tendrá entre otros impactos civilizatorios, meter en cintura a la delincuencia común y al crimen organizado. Unirnos alrededor de esos prioritarios propósitos es más urgente e importante que dividirnos sobre el aborto y sus atenuantes.
