Es común oír críticas en nuestro país sobre empresas, estaciones de gasolina o de gas que están mal localizadas. Nadie se pone a pensar cuáles estuvieron primero y que luego, sin orden ninguno, se autorizaron o simplemente de manera informal se fueron desarrollando viviendas, escuelas, hasta hospitales. Ese es simplemente el reflejo del desorden municipal que vive nuestro país. Lo vemos a diario, como en sectores residenciales se pretenden instalar, donde existía una vivienda unifamiliar, un negocio de alto tráfico sin parqueos y creando mayores inconvenientes al tránsito de por si caótico.
Desde hace ya algunos meses se pretende aprobar una ley que a simple vista parecería tiene la intención de corregir este desorden, pero sucede que de ser aprobada la misma dará al traste con el poco orden que existe y el esfuerzo que algunos alcaldes hacen por controlar un crecimiento desordenado y sin sentido.
Lo primero es que este proyecto pretende un cambio en la clasificación del uso de suelo. Con esto tendríamos que en un área residencial bien podríamos autorizar un bar, un colegio, un burdel, lo que le fuera más rentable a los regidores que pasaron de honoríficos a buscar fondos para sus campañas electorales, ya que desean, como todo político, ir escalando posiciones, muchas veces sin importar el daño al orden municipal y para esto está claro que hace falta dinero para sus campañas electorales y para muchos, no todos, prima la necesidad política sobre la lógica.
Esta pretensión estaría violando la seguridad jurídica y los derechos de propiedad de todos los dominicanos. Bien podría tener usted una casa que le costó todos los ahorros de su vida y de repente, por un interés espurio, su vivienda es declarada para otro uso y por supuesto le pagarán, si es que lo hacen, la tasación que mejor les convengan para adquirir su bien al menor precio posible.
El proyecto de ley tal y como está planteado, lejos de organizar los asentamientos informales, crea un caos mayor. Se designan zonas industriales las cuales pronto son invadidas por viviendas, escuelas y sin tomar en cuenta los años de esa zona industrial, se culpa al industrial de cualquier molestia y peor aún si ocurre algún incidente.
Basta ir a la Zona Industrial de Herrera donde muchas de las viviendas, una de sus paredes es la verja perimetral de una empresa. ¿Quién tiene la culpa? Sin duda, la politiquería barata de un alcalde y unos regidores, que haciéndose simpáticos, porque lo que buscan son más votos, no tienen la conciencia del caos y el peligro que permiten.
En estos días oí a unos periodistas decir que muchas empresas debían ser trasladadas a la circunvalación que va desde Haina hasta la autopista Duarte y en su momento llegará hasta Caucedo. Les recomiendo darse un paseo para que vean como ya se va poblando de asentamientos ilegales bajo la mirada indolente de las autoridades.
Pero para colmo, este proyecto pretende crear más división del territorio nacional, creando más municipios y distritos municipales y otorgando los mismos derechos a estos últimos que a los municipios.
Esto significaría más alcaldes y vice alcaldes, más regidores más sueldos y menos dinero para inversión. Por eso nuestros alcaldes andan desesperados porque el presupuesto no les alcanza. De un municipio de 200,000 habitantes salen dos distritos municipales y de un alcalde y vicealcalde terminan en seis, con sus respectivos sueldos, vehículos, choferes y asistentes. Pero para complicar más la situación, cada distrito también tiene regidores con salarios de RD$120,000 y dietas de RD$20,000 cada uno, choferes, ayudantes y la posibilidad de nombrar seis personas cada uno.
Realmente estamos camino a una atomización y aumento de gastos que ningún presupuesto ni orden municipal podrá soportar.
En esta ley no queda claro cómo va de la mano con la Estrategia Nacional de Desarrollo, obvia la Ley 498-06 de Planificación de la Inversión Pública creando mayores problemas al funcionamiento del Estado, ya que no consagra un Plan de Ordenamiento Territorial Provincial y peor aún, entra en contradicción con la ley 176-07 que trata sobre la subdivisión y creación de nuevas entidades territoriales y sus planteamientos llegan hasta la locura de que los distritos municipales tendrán unidades de planeamiento urbano. Realmente, el camino es a la atomización del territorio para beneficio de más empleos improductivos y en contra de los servicios que deben brindar los ayuntamientos, porque cada vez el presupuesto tal y como está establecido seguirá siendo violado, ya que pronto el 100% irá hacia salarios, dejando las inversiones de capital, la recogida de basura y el aporte a los bomberos a cero.
Por último, y para complicar más, esta ley no toma en absoluto los criterios de medio ambiente necesarios no sóolo para mantener el equilibrio de nuestro sistema, también para cumplir con leyes internacionales y más importante aún, para evitar un deterioro que frene y debilite el crecimiento de nuestro importante sector turístico, ya que la misma no ha tenido ni el más mínimo cuidado de definir lo que es un asentamiento humano tal y como estable la Ley 64-00.
En fin, parecería que esta ley está concebida para beneficiar intereses particulares, de hecho, ya hemos visto en días recientes y en este mismo diario, cómo uno de sus voceros, aprovechando un hecho muy lamentable, pretende usarlo de muleta para que se apruebe un proyecto que a todas luces no trae ningún beneficio al país y si para unos cuantos, que como siempre, escondidos en el disfraz de ovejas son verdaderos lobos.
Estoy seguro que el Senado tendrá el criterio y la visión de país para detener este mamotreto jurídico y de no ser así, le tocará al Presidente objetar el mismo para evitar que nuestra geografía se convierta en un verdadero rompecabezas.
