Lo acontecido en las recientemente celebradas primarias de los dos principales partidos organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) constituye una muestra de lo que podría suceder en las elecciones a ser celebradas el año próximo, y debe servir de muestra para realizar oportunamente todas las acciones necesarias para corregir y prevenir estas perversas situaciones, evitar que se reproduzcan así como para que las mismas en caso de reproducirse, sean debidamente investigadas y sancionadas.
Se trata principalmente de situaciones que violentan disposiciones de nuestra Constitución en cuanto a la equidad en el desarrollo de las campañas, la transparencia en la utilización del financiamiento, el acceso equitativo a los medios de comunicación, o de la Ley de Partidos, estando a cargo de la JCE velar porque éstas se cumplan, establecer regulaciones e imponer sanciones; y de situaciones que constituyen crímenes o delitos electorales que deben ser perseguidos y sancionados.
A lo largo del proceso de las primarias hubo denuncias de actividades proselitistas realizadas en incumplimiento de los tiempos y restricciones legales, cuestionada participación de funcionarios públicos en campañas de precandidatos que hacían sospechar uso y abuso de recursos del Estado, un notorio desequilibrio en el uso de publicidad y propaganda electoral, alegadas acciones tendentes a incidir en la decisión del voto de empleados públicos y compras de cédulas inclusive en el perímetro de los recintos electorales captadas por videos publicados en redes sociales o grabados por cámaras televisivas.
El informe de observación electoral publicado por Participación Ciudadana documenta las situaciones ocurridas en relación con las primarias y presenta importantes datos, señalamientos y recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta. El hecho de que según sus estimaciones en el 42% de los recintos de votación se comprobara proselitismo partidario y en el 32.7% se presenciara compra de votos, en grosera violación a la ley y en total impunidad, es gravísimo.
Las cifras de ejecución presupuestaria escrudiñadas por reputados expertos reflejan según estos una expansión exorbitante en el gasto del gobierno central en el mes de septiembre pasado de aproximadamente 1,296 millones de pesos en publicidad, combustible, viáticos, nominillas, compras de vehículos, aumento que dicen evidenciarse de forma importante en el Ministerio de Obras Públicas, señalándose como única explicación posible la precampaña, lo que igualmente es muy grave.
La procuraduría especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales creada por la nueva ley de régimen electoral, debe ser creada por el Consejo Superior del Ministerio Público con alcance nacional en consonancia con lo dispuesto por la ley del Ministerio Público, pero no para sentarse a esperar “eventuales denuncias o querellas que sean presentadas” y entonces proceder, lo que nunca ha ocurrido, sino para actuar oportunamente en relación con estos ilícitos penales pues de lo contrario su creación carecería de interés y permanecería el dañino statu quo de impunidad.
Aunque se pueden tener recelos sobre la independencia e imparcialidad que podría tener esta procuraduría especializada, debemos exigir que estrene su mandato estando presente en los recintos electorales para evitar que se produzcan estas situaciones y levantar las infracciones correspondientes, tarea en la cual debe ser involucrada la policía electoral para los casos de delitos flagrantes como serían las compras de cédulas.
No hacer nada con relación a las situaciones evidenciadas en las primarias sería tan irresponsable como tener la analítica de un paciente con alarmantes valores fuera de los rangos y no aplicar los remedios de lugar. Actuemos ahora buscando corregir, prevenir y evitar estas situaciones y garantizando que los responsables de que la ley se cumpla, así como de investigar y perseguir sus violaciones asuman con responsabilidad su misión, para que no lloremos mañana por lo que no nos ocupemos de hacer hoy.
