Como “aquí” en cosa de pelota y política somos tan fanáticos, y cada quien se convierte en tan depositario de su verdad, el ejercicio que más puede aproximarnos a una medición de cómo va el gobierno, es citar con datos de la realidad cómo nos ven desde afuera cuando vamos al primer año de gestión.
Esta semana vimos que “por mucho, República Dominicana fue el país que más aumentó su puntuación en el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción”, entre 15 naciones de la región valorados en este año 2021, obteniendo un 4.38%, un avance importante (34.3%) sobre los 3.26 puntos que logró en el reporte del año 2020, según informe generado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risk.
El informe establece que en RD “se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción”. RD mejoró su nota en un período en que 5 países experimentaron un descenso significativo.
Pero esa valoración no es ni la mitad de lo que se está haciendo ahora en la lucha contra la corrupción. Lo primero es que algunos funcionarios de este gobierno están en la justicia, cuando sus procederes han sido puestos en tela de juicio.
La pulcritud en la gestión de los fondos públicos ha arreciado las medidas de control del gasto, con el decreto 392-21 prohibiendo viajes de funcionarios, celebraciones, regalos, agasajos, recepciones, bonos de establecimientos comerciales, tarjetas o cajas de navidad, arrendamientos de instalaciones privadas, remodelaciones o readecuaciones que excedan los 985 mil pesos o sobrepasen los límites de compras menores establecidos por Compras y Contrataciones.
El decreto también prohíbe la compra de vehículos de motor, el uso de vehículos oficiales los sábados domingos y días feriados y muchas otras acciones que en gobiernos pasados desbordaron los esfínteres del control del gasto público.
En el primer trimestre de 2021 el país alcanzó un nivel de inversiones extranjeras de casi 300 millones de dólares, que no se lograba desde hace 15 años, lo que se debe a la confianza que genera a los inversionistas la eliminación de los “peajes” que enmarañada la permisología operante hasta hace poco.
Apenitas anteayer veíamos asentir satisfecho al señor Robert W. Thomas, Encargado de Negocios y al frente de la Embajada de Estados Unidos, cuando el presidente Abinader reiteraba las garantías de que su gobierno no favorecerá los actos de corrupción de los que estaban ni de los que están, mientras explicaba su identificación con la Ley de Extinción de Dominio Público, que busca recuperar bienes y propiedades adquiridas a través de actos ilícitos. Ahí vamos.
