En la más reciente edición de este espacio que me concede El Caribe, detallaba las injusticias de la Comunidad Internacional contra la República Dominicana en el tema haitiano, demandando de nosotros, un país aún en las vías del desarrollo, lo que no hacen con aquellos de economía desarrollada. Tal es el caso de Canadá, la segunda economía más industrializada del hemisferio, que ante un aumento en el flujo de migrantes precisamente haitianos, ha expresado preocupación por lo que sus propios números estiman en 200 personas por día que llegan principalmente a la ciudad de Montreal, Quebec. Muy similar a lo que sucede con Chile, la más pujante de las economías latinoamericanas, donde la migración haitiana, calculada en 100,000 personas se ha puesto en el centro del debate para este año electoral. De igual forma, Costa Rica y Panamá han expresado las dificultades fruto de esta ola de migración por lo que ya cada vez más países se van dando cuenta de lo que ha sido una realidad histórica para nosotros. Esperamos se pueda entonces asumir un cambio de actitud y esto nos lleve a compartir acciones.
Es importante también evaluar las políticas que aplica República Dominicana para establecer cómo podemos mejorar. Por ejemplo, en cuanto a la solidaridad que mostramos hacia nuestro vecino, se suele resaltar la Universidad Estatal Haitiana Henri Christophe en Cabo Haitiano, donada por el gobierno dominicano durante la administración de Leonel Fernández a un costo de US$30 millones. Un gran aporte, pero no necesariamente uno que sirviera a las urgencias de ambos países. Recién en mayo de este año, el Servicio Nacional de Salud (SNS) cuantificó en RD$5,000 millones al año el gasto en parturientas haitianas por lo que habría resultado más beneficioso aportar para la construcción de hospitales maternos en Haití. A la vez sería de gran utilidad llevar un record oficial de los gastos que se incurren en las parturientas haitianas para que sirva de registro para las normas internacionales.
La defensa de la soberanía comienza por la frontera y sin los recursos necesarios para la protección de esta, se termina haciendo una invitación abierta para que quienes incurren en la trata de personas, tráfico de armas, estupefacientes y la fábrica ilegal del carbón que atenta contra la foresta del país, establezcan en ella su santuario. El gasto del gobierno dominicano debe ser reformado de acuerdo a las prioridades y ante una salida de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), habrá que dedicar partidas serias de recursos para la protección de nuestro territorio. En la actualidad, existe una clara distorsión que urge cambiar, ¿qué hacemos con una brigada militar en El Seibo cuando la zona fronteriza necesita apoyo? La optimización de los recursos disponibles también es de gran importancia.
Algo que no requiere de reformas y que sirve de gran aporte, es el cumplimiento de la ley, especialmente nuestro Código Laboral. La falta de aplicación en general de la normativa legal también fomenta la migración ilegal, la explotación y en consecuencia, la depresión de los sueldos que afecta a todos los trabajadores, principalmente a los inmigrantes. Las autoridades tienen que exigir el registro y formalización de las nóminas de trabajadores para tener en cuenta el aporte de estos al Sistema de Salud y DGII, lo cual es responsabilidad de sus empleadores.
Como país, seguros de que hacemos lo correcto, debemos abrir nuestras puertas a todas las organizaciones internacionales, que evalúen los derechos humanos para no quedar a merced de la evaluación de los Estados Unidos y de la OEA. Esta fórmula ha dado muy buenos resultados a México en su realidad del trato a los inmigrantes. Desde el marco de la legalidad, podemos realmente defender nuestra soberanía en acciones más allá de la retórica. Sin excusas, es hora de actuar.
