Aplaudo la actitud tomada por algunos recién escogidos legisladores al Congreso Nacional en cuanto a la renuncia a privilegios, como las exoneraciones, el pago de dieta, por asistencia y otros no menos irritantes para la mayoría de la población, como es el famoso “barrilito”. Y más en este momento cuando todos debemos sacrificarnos por la difícil situación económica, social y sanitaria que nos ha provocado la Covid-19.
Sin embargo, considero que esos nuevos legisladores se pueden casar con la gloria, como se dice de manera popular en República Dominicana, si elevaran una propuesta hacia la revisión o eliminación de algunos privilegios a los todos los congresistas por simplemente ganar un escaño en el Congreso Nacional, como es una buena pensión, que no va a ser lograda por gran parte de los trabajadores dominicanos, pese a laborar por largos años.
Otro punto a evaluar y variar, “con la buena intención del nuevo Congreso Nacional”, es el de las dos exoneraciones, que para mí podría ser una, entregada a la llegada de cada nuevo grupo de congresistas, la cual no sería vendida, para estar acorde con la finalidad original de estar “montado” en un buen vehículo. Las exoneraciones son dadas por una necesidad, no para un negocio, como suelen hacer la mayoría de los congresistas.
Tampoco entiendo la razón por la cual se debe pagar con nuestros impuestos oficinas particulares a los legisladores. Pudiéramos tener, en el caso de los senadores, espacios y personal compartidos, si cuando hagan un análisis serio concluyan que es necesario.
Con la eliminación de algunos de esos privilegios, un mayor control de los partidos sobre las personas que permitan como candidatos a legisladores, a partir de capacidades y valores, podríamos abrir y facilitar el camino al Congreso Nacional a personas del bien común, muchos de los cuales en las pasadas elecciones fueron vencidos por otros con más recursos económicos, pero sin pensamientos analíticos y verdaderas propuestas.
Si eliminamos esos privilegios, también el Congreso Nacional sería menos apetecible para aquellos capaces de invertir millones de pesos para obtener un salario que, aunque decente, no se prestaría para luego justificar fortunas por la sumatoria de lo obtenido por ser legislador y se eliminaría la “función social” de algunos legisladores con las dádivas en sus comunidades, lo cual es ajeno a la verdadera finalidad de los legisladores, como es crear o modificar leyes para contribuir con la institucionalidad y el desarrollo de sus comunidades y todo el país, así como ser vigilantes de las acciones del Gobierno Central.
Es tiempo de que todo el liderazgo nacional muestre una verdadera intención de colocar a República Dominicana sobre el camino de la institucionalidad, con la disminución de las desigualdades sociales y la eliminación de exagerados privilegios, como sucede en el Congreso Nacional.
