La Fundación Institucionalidad y Justicia ha prestado importantes servicios al país en materia de esclarecer y desenredar la borrosa cultura que tenemos los dominicanos sobre la importancia de instituciones democráticas, y a contar con un sistema judicial sólo sujeto a los mandatos de la Constitución y las leyes.Pero a veces Finjus ha jugado roles contradictorios con esos importantes propósitos, y pone a algunos a dudar si es firme su acompañamiento a la sociedad en sus afanes de superar los enormes déficits institucionales en que los gobiernos del PLD han sumido al país.
Me voy a referir a dos roles específicos en los que Finjus ha dejado una frustratoria sensación de duda sobre si está o no del lado de la institucionalidad y la justicia.
Lo primero fue su participación en la llamada Comisión de Punta Catalina, denunciada como una maniobra ilegal del gobierno del PLD para darle un pañete, ni siquiera barniz, al sesgado, parcializado y politiquero proceso “judicial” del descomunal fraude Odebrecht.
En Finjus tenía que saberse que esa Comisión violaba la institucionalidad, ya que suplantaba las funciones que otorga la ley al ministerio Público. En vez de prestarse a esa maniobra, Finjus debió estar junto a quienes la cuestionaron.
Ahora, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura debe elegir a jueces que suplan vacantes en el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, aparece de nuevo la Finjus jugando un papel que contradice su apuesta al fortalecimiento de la institucionalidad y la justicia.
Cuando se denuncia que el gobierno del PLD juega a politizar el proceso, y así lo confirman de manera responsable los representantes de la oposición dignamente representada por el senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, FINJUS hace una extraña propuesta de candidatos a jueces que son políticos gobiernistas.
Anda de mano en mano una lista y medios han evidenciado vínculos políticos o de familiaridad de orden primario con políticos de jueces propuestos por Finjus, que al parecer no podían ser presentados por otras personas o instituciones pues se los vincularía directamente al gobierno del PLD, y que bajo el velo con que los cubre Finjus resultan “pasables”.
Yo no puedo referirme a esos casos porque no tengo prueba de que esos candidatos no reúnen las condiciones de la mujer del César que deben revestir al tipo de magistrado que requiere la desinstitucionalizada sociedad que dejará el gobierno del PLD a partir de 2020.
Sí puedo denunciar y condenar, porque lo pruebo en el video colgado en el siguiente link, https://www.facebook.com/100016018657883/videos/361233071087312/?id=100016018657883 que entre los candidatos de Finjus, ya preseleccionados por la mayoría del gobierno del PLD en el CNM, está el licenciado José Alejandro Ayuso, quien hace apenas par de años actuó como activista de la reelección del presidente Danilo Medina.
A no pocas personas ha sorprendido que ante las evidencias que han venido surgiendo de la politización del proceso, Finjus haya salido a restar importancia al hecho de que activistas políticos como el señor Ayuso sean elegidos como jueces en las altas cortes.
¿Será que a Finjus le hace falta una “mancha indeleble”?
