Tenemos casi veinte años esperando una ley de partidos políticos y la razón de esta larga espera es simplemente que los partidos mayoritarios no habían tenido el interés de aprobarla, y principalmente esta culpa recae en el PLD que ha gobernado la mayor parte de ese tiempo con control absoluto del Congreso.
Y precisamente su aprobación no estuviese siendo tan acaloradamente debatida si no existiera la situación interna que hay en ese partido, en el que el presidente del mismo desea postularse a un cuarto mandato mientras el presidente de la República como está impedido a postularse pretende imponer su candidato, lo que mantiene en duelo a esos dos líderes que desean garantizar el control de la selección de los candidatos a puestos electivos, mediante el mecanismo que se establezca en la ley de partidos.
Resulta inexplicable que habiendo la JCE, instituciones de la sociedad civil e importantes opinadores advertido que embarcar a este organismo en organizar primarias de partidos sería altamente costoso para los contribuyentes y riesgoso para la Junta que podría descalificarse y desgastarse resolviendo conflictos internos de los partidos, poniendo incluso en peligro su rol fundamental de celebrar las elecciones generales de 2020, probablemente tres; parte del liderazgo político insista en la propuesta.
Y la razón para que algunos continúen pretendiendo imponer tareas a la JCE de casi imposible ejecución con un alto costo a ser pagado por los contribuyentes no es otra que la falta de consecuencias a la que están acostumbrados nuestros políticos, cuyas malas acciones y decisiones casi nunca son sancionadas.
Tenemos una arraigada cultura de irrespeto a la ley y de desconfianza en las instituciones, pero paradójicamente tendemos a pensar que la solución a todo problema está en la aprobación de una ley o en poner en manos de una autoridad asuntos que deben resolver las partes, simplemente porque la desconfianza a veces entre pares es tan grande que se prefiere trasladar la decisión a un tercero, en el cual se acabará desconfiando también.
Esa misma Junta que algunos pretenden resuelva sus problemas internos es la que se ha chocado con la resistencia de una parte del liderazgo político a acatar su autoridad para regular acciones extemporáneas de precampañas electorales.
Y eso solo es para la regulación de acciones directas, pero la mayor perversidad de las campañas no solo es que se hacen a destiempo sino que hemos tolerado que arrastren los más oscuros vicios, como convertir temas de interés nacional en carne de cañón para atacar a rivales políticos como acaba de suceder con las lluvias, impulsar temas para ganar capital político personal sin medir la afectación del interés general, como el palo acechado de querer imponer un impuesto verde a todo lo que se importe o produzca desde alimentos hasta las medicinas, so pretexto de proteger al medio ambiente de los residuos sólidos o tomar inconsultas decisiones sin medir la gravedad de los daños, como ocurrió con el levantamiento del puente flotante que algunos sospechan quería perjudicar al gobierno de la ciudad, aunque quien terminó siendo perjudicado fue el país con el mayor daño a su imagen que se recuerde en mucho tiempo.
Necesitamos una ley de partidos que fortalezca y transparente los partidos, también una ley electoral que garantice una mayor regulación de estos por la JCE, pero el peor error que podríamos cometer es permitir que se utilice y socave a la JCE para intentar resolver temas internos de los partidos que solo ellos, y nadie más que ellos, pueden resolver.
