Parece mentira que luego de más de quince años de espera para la aprobación de una ley de partidos políticos, y a pesar de la Junta Central Electoral (JCE) haber depositado un buen anteproyecto de ley en el Congreso, no solo no tengamos ley, sino que habiendo centrado la discusión de la misma únicamente sobre el punto de la modalidad de las primarias, hayamos descuidado el conocimiento de los demás aspectos, algunos tan o más importantes que este, como es el caso del financiamiento.
La modalidad de las primarias de repente ha surgido como la panacea para remediar todas las falencias de los partidos y como el único instrumento para asegurar la democracia según sus defensores, razón por la cual entienden que cualquier costo económico por alto que sea estaría bien pago.
El problema radica en que ningún sistema es perfecto y que nuestra historia demuestra que no porque una institución o legislación haya dado resultado en otras culturas o países se garantice su éxito al implantarse en el nuestro, pues lamentablemente sabemos que muchas veces simplemente son distorsionadas y no cumplen los objetivos que se perseguían, llevando simplemente a un mayor gasto público.
Los alegatos de los defensores de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de que su costo es incluso menor que el de otras modalidades, el cual como decidió el Senado sería solventado por los partidos mismos con parte de las contribuciones que reciben, languidecen ante las contundentes informaciones dadas por el presidente de la JCE de que dicho organismo hizo una proyección del costo de las mismas y el presupuesto es de más de 5 mil millones de pesos y habida cuenta de los montos a ser recibidos en este año y el próximo por los partidos, incluso asumiendo que el total de las contribuciones sea utilizado para el montaje de las primarias, lo cual evidentemente no sería el caso, al parecer faltarían más de 4 mil millones.
Independientemente de la discusión sobre las bondades que puedan tener estas primarias abiertas, salta a la vista que imponer un único método a todos los partidos para la selección de sus candidaturas atenta contra la libertad de asociación, que destinar tantos miles de millones de pesos con tantas necesidades como las que tenemos es incomprensible y que responsabilizar a la JCE de organizar y dirigir 3 elecciones, siendo la más complicada la de las primarias abiertas en apenas 7 meses, entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, con incluso la posibilidad de una cuarta en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta, sería irracional y pondría en difícil situación a sus miembros, por más que se empeñen en salir airosos de la prueba.
Es cierto que debemos estar dispuestos a defender la democracia y hacer hasta lo imposible por mejorar las debilidades de la nuestra, pero así como comprar el juguete más caro para un hijo no asegura que el mismo será mejor que el que recibe el más barato o no recibe ninguno y por el contrario simplemente puede convertirlo en malcriado e insaciable, el optar por el método más caro para evitar a partidos enfrentar sus verdaderos males y asumir sus responsabilidades, sería un gasto injustificable e inútil; pues así como la fiebre no está en la sábana, el mismo no solo no aseguraría más democracia sino que alimentaría aún más los caprichos de parte de nuestra clase política que se ha interesado más en conquistar o retener el poder a todo costa, que en garantizar más democracia, desarrollo e igualdad de oportunidades.
