El PLD y la Fuerza del Pueblo están tratando de boicotear en el CES la concertación de la reforma constitucional, propuesta por Luis Abinader para darle continuidad a la independencia del ministerio público que empezó a impulsar al nombrar a Miriam Germán y Yeni Berenice Reinoso como procuradoras General y Adjunta, en su primer día como Presidente de la República.
La independencia del ministerio público es el primer paso para organizar un sistema judicial capaz de administrar justicia “pronta y oportuna”, lo que derrumbará el manto de corrupción e impunidad, delincuencia común y crimen organizado que reinan en las ultimas tres décadas. Eso debe hacerse mediante reforma constitucional.
La propuesta de reforma de Abinader le restará poder como Presidente, ya que incluye que el Procurador no sea designado, como ahora, por el titular del Ejecutivo. Eso es diferente a la conducta de los demás presidentes que cuantas veces hicieron reformas constitucionales fue para beneficiar sus ejercicios de poder, como Leonel en 2010 para repostularse luego de gobernar en 1996, 2004 y 2008.
El PLD y la Fuerza del Pueblo se retiran de la concertación, dando explicaciones insostenibles:
1. Dicen que se van del diálogo porque “primero” deben discutirse las leyes complementarias de la Constitución. Pero del 26 de enero de 2010, cuando fue votada la actual Constitución, hasta agosto de 2020, los líderes del PLD y la Fuerza del Pueblo tuvieron 10 años de amplio control del Congreso, y no aprobaron esas leyes para las que ahora piden prioridad.
2. Alegan que desde la Constitución de 2010 el ministerio público es independiente, por lo que la reforma para fortalecer su independencia sale sobrando. De ser así, el entonces procurador Domínguez Brito no habría archivado de manera definitiva en 2015 el expediente contra Félix Bautista, y Jean Alain Rodríguez no habría prohijado la corrupción e impunidad que provocaron las grandes marchas verdes, incluyendo la politización de Odebrecht, la más grande estafa contra el país.
3. Pretextan rechazo a concertar, porque el gobierno no baja los precios de los combustibles y no ataca la inflación provocada por los efectos del covid-19 en la economía global, agravada ahora por la invasión rusa a Ucrania. Dicen que el gobierno beneficia a élites empresariales, cuando el incremento del paquete de ayuda social del Presidente, la reactivación económica, el turismo y el empuje al empleo benefician directamente al pueblo pobre.
Si no es por esos alegatos, ¿por qué no quieren PLD y Fupu concertar la verdadera independencia del sistema judicial? Si el lector lo piensa un momento, facilmente dará con la respuesta.
