No se trata ya de si el país tiene una deuda petrolera impagable con Venezuela y si esa circunstancia condicionó el voto dominicano en la asamblea general de la OEA a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. El caso trasciende ya ese tipo de consideraciones, porque la violencia ejercida allí contra la oposición y dos poderes del Estado, como el Parlamento y la Fiscalía General, traspasa todos los límites y viola los principios democráticos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Carta del organismo regional.
Los congresistas dominicanos deberían expresar su solidaridad con sus colegas venezolanos, golpeados muchos de ellos salvajemente por una turba chavista que violentó el fuero de la Asamblea en Caracas. Y no se trata de una primera vez. Lo vivido esta semana allí es otra insólita intervención de un poder independiente, como es ya una costumbre por un gobierno que no respeta nada. Una dictadura cuya gestión en el ámbito de la economía ha dejado a uno de los países potencialmente más rico del planeta en total desabastecimiento de alimentos, medicinas y cosas tan sencillas como papel higiénico y combustible, inaudito en un país con una de las mayores reservas de petróleo.
Lo menos que se puede esperar ahora del Congreso Nacional es una resolución de condena al asalto al parlamento venezolano, aunque dudo que alguien asuma la responsabilidad de reclamar un gesto mínimo de solidaridad con sus colegas. Un gesto que correspondería también a la clase política que se ufana de su aprecio a los valores democráticos, uno de los cuales, tal vez el más importante, es el principio de la separación e independencia de poderes. Algo de lo que tanto aquí se habla, desde un púlpito huérfano de valor por la inconsistencia de un discurso desconectado de las acciones y la legalidad. El chavismo es un absurdo anacronismo en estos tiempos.
