En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a la misma, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”.
El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno. En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.
El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.