Cuando las emociones se interponen en la discusión se hace difícil encontrarle salida a los problemas. Y en medio de la justa indignación provocada por la admisión de sobornos por la constructora brasileña Odebrecht, nada de extraño tiene que se diera nuevamente el caso. Me refiero a las demandas de sectores políticos y de la sociedad civil de que se paralice la construcción de Punta Catalina y se licite el 25 por ciento que aún le falta al proyecto para su terminación, lo que me parece absurdo.
La cuestión gira alrededor del costo que se cree sobrevaluado. La CDEEE ha ofrecido datos concluyentes sobre la transparencia de la licitación y la conformidad expresada por los consorcios participantes, a excepción de un socio local de la firma china Gezhouba, una de las cuatro de 35 que pasaron a la fase de presentación de ofertas, pero no llenó el puntaje necesario de las normativas técnicas del concurso. Gezhouba desautorizó a su socio local pero este insiste que el presupuesto de la obra está sobrevaluado en mil millones de US$ sobre su oferta, lo que no puede afirmarse en vista de que esa propuesta, por no llenar los requerimientos técnicos, nunca fue abierta.
Paralizar las plantas tendría un costo mayor a la de cualquier sobrevaluación y privaría al país de la oportunidad de llenar la demanda interna de electricidad en el plazo previsto, con energía más barata y de mayor calidad, en vista de que el costo se estima dentro de los parámetros internacionales de proyectos de ese género. El empresario Juan Vicini, con fuertes intereses en el negocio eléctrico, ha dicho que “el Estado ha negociado un contrato sumamente ventajoso” y que la cifra de 2,000 millones de US$ por 700 megas “es aceptable” y en cambio “la de 1,000 millones es definitivamente insuficiente”.
La admisión de sobornos es otro tema, muy grave, que la Procuraduría investiga. Démosle la oportunidad de realizarla sin presiones indebidas.
