El gobierno del presidente Medina está siendo cuestionado por la construcción de las plantas de Punta Catalina y el punto central de las protestas se relaciona con su costo, estimado en poco más de dos mil millones de dólares, incluyendo un puerto para la descarga y manejo del carbón. Los críticos del gobierno denuncian que está sobrevaluada en unos US$1,040 millones y sus defensores lo contrario si se la compara con los costos finales de otras plantas similares en Centroamérica.
Los medios han reproducido el monto supuesto de la sobrevaluación, sin que hasta el momento se sepa de dónde salió esa cifra. La pregunta es relevante porque el costo de construcción es el punto central del caso. La obra fue objeto de una licitación internacional auditada por prestigiosas firmas extranjeras de conocida experiencia, ninguna de las cuales fue cuestionada por las compañías que participaron en la misma. De las cuatro ofertas evaluadas técnicamente sólo la del consorcio formado por Odebrecht, una firma italiana y un socio local, llenó los requisitos técnicos y únicamente fue necesario abrir su sobre sellado con la propuesta económica. De todos es sabido que no basta para ganar un concurso de esa naturaleza la oferta más barata, sino llenar las especificaciones técnicas de la licitación, que es la verdadera garantía de cumplimiento de calidad.
Cuando el socio local de la firma china que obtuvo la última posición se quejó, se decidió abrir el sobre del segundo mejor ofertante, el consorcio formado por la coreana Pesco, asociada con la brasileña Andrade Gutiérrez. Resultó que el precio era mayor en unos US$ 28 millones que la oferta técnicamente mejor valorada por la firma Stanley Consultants. La gran tarea de los medios interesados en el tema debería ser descifrar el enigma de dónde salió la tan repetida cifra de US 1,040 millones. Sería el mejor aporte a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
