La distorsión más dañina al periodismo ha sido la creencia de que un medio está obligado a publicar o difundir todo lo que recibe, escriben o plantean sus reporteros y comentaristas. Los promotores de ese periodismo de “vanguardia” y de “compromiso con la verdad” entienden que la negativa del medio en que laboran a aceptar cuanto quiera decirse o escribirse en sus espacios y páginas constituye una violación a la libertad de prensa y una limitación del derecho a la libre expresión. La pretensión carece de base. En una sociedad democrática y plural como la nuestra imponerla lesiona el derecho de propiedad, tan legítimo como las demás libertades básicas.
Ningún medio está obligado a hacerse eco de aquello que considera lesivo o con lo que no comulga. Lo que sí erosiona la libertad son aquellas leyes y restricciones que suelen imponer los gobiernos para impedir la publicación de noticias que cuestionen el estado de derecho o las políticas oficiales, lo que no es el caso en la República Dominicana, porque aquí afortunadamente, nos agrade o no aceptarlo, hay tolerancia a una prensa crítica. Y amparado en ese clima democrático, crece una tendencia muy negativa a hacer mal uso de la libertad de expresión, y sabemos que nada hace más daño a la credibilidad del periodismo nacional que esa modalidad sin límite alguno, que a diario vemos y escuchamos.
Por eso, estoy en total desacuerdo con la propuesta de eliminar toda responsabilidad de los directores y editores, e incluso de los propios medios, de cuanto se diga y escriba en ellos, bajo el alegato de que esa “responsabilidad en cascada” vulnera la libertad de expresión y maniata a la prensa. Lo cierto es que cualquiera puede escribir o intentar decir lo que se le antoje. Pero sólo lo que se publica o difunde llega al público y puede saltar los buenos modales y dañar reputaciones. Y lo que se publica y difunde lo autorizan los editores.
