Si bien el coronavirus tomó de sorpresa al mundo, lo que no ha sorprendido a nadie en este país es que su coincidencia con una accidentada campaña electoral haya provocado que lamentablemente los planes, acciones y decisiones para enfrentar la pandemia, estén contaminados por los intereses políticos particulares.
Un panorama electoral que desde el año pasado y hasta más allá de la mitad de este, estuvo enrarecido por el acoso a la Constitución para posibilitar un prohibido tercer mandato del Presidente, que luego continuó con unas primarias conflictivas en el partido oficial que provocaron su escisión y unas elecciones municipales que interesadamente algunos proclamaban que no podían ser celebradas, y que terminaron celebrándose dos veces porque en la fecha señalada falló lo que ninguna de esas voces dijo que podía fallar, el supuestamente blindado voto automatizado; no podía tener peor colofón que tener que posponer por fuerza mayor las elecciones presidenciales y congresuales para julio y tener que celebrarlas bajo los efectos del terrible virus.
La crisis sanitaria nos atrapó con un liderazgo político enfrentado, sin que hubiesen cicatrizado las heridas de acusaciones de sabotaje en las elecciones municipales hoy descalificadas por el informe de la OEA, y de unos resultados que no fueron como algunos anticipaban y que obligan a arreciar la contienda. En tales circunstancias tener que decidir sobre otorgar poderes excepcionales al poder ejecutivo ha sido quizás un trago amargo, pero obligatorio para la oposición.
Sin embargo, el que los más importantes líderes de esta hayan mostrado disposición a aunar esfuerzos y a dialogar, es un hecho positivo, independientemente de que no debería hablarse altisonantemente de gran cumbre, lo que sería inconveniente en estas circunstancias, cuando lo que se requiere es que las autoridades dialoguen con ese liderazgo y lleguen a acuerdos mínimos sobre aspectos fundamentales, lo que al parecer no tienen intención de hacer. Esto lamentablemente ha contribuido a que en vez de tener todas las fuerzas empujando en una misma dirección, cada quien esté empujando por su lado tratando de sacar ventaja.
El gobierno preocupado por anotarse puntos con las acciones y hacer figurar como sus contribuciones todo lo que se haga, como es el caso de los aportes a los programas FASE para ayudar a los trabajadores suspendidos que por el momento solo han provenido de 12,000 millones de pesos del IDOPPRIL resultantes de las cotizaciones en exceso de los empleadores formales que pagan la totalidad del seguro de riesgos laborales aunque se denominen “aportes del gobierno”, de donde salieron también 2 mil millones de pesos para la cobertura de las pruebas diagnósticas del COVID-19, las cuales aunque son autorizadas por las ARS serán pagadas también con dichos fondos.
El candidato oficial por su parte ha aprovechado la situación para tratar de aumentar sus simpatías y afianzar su lema de hombre de acción, en una estrategia en la que existen muy delgadas y confusas fronteras entre el Gobierno, su campaña y su empresa personal, cuya división de transporte de salud le ha caído como anillo al dedo para mantener una publicidad continua en los medios de comunicación, organizar viajes para acarrear a dominicanos varados en el exterior que tengan impacto público, y transportar desde China insumos médicos con una presteza muy superior a la del Gobierno, con todo y los poderes excepcionales del momento, lo que a más de uno mueve a suspicacia. Mientras los principales candidatos de la oposición intentan también ser parte de esta campaña vestida de filantropía, pero con diferencias sustanciales en la profundidad de sus bolsillos.
Es difícil juzgar de buenas o malas intenciones acciones que, en un país con tantas necesidades agudizadas por esta crisis mundial, contribuyen a llevar alivio a la gente, pero lo que no podemos permitir es que la desgracia humana sea convertida en mercancía política y eso es exactamente lo que va a suceder, si no ponemos un paro a tiempo.
