Memoria corta

La Junta Central Electoral (JCE) acaba de presentar su calendario de actividades y plazos para la celebración de las elecciones en el año 2024, y es importante recordar para que después no nos quejemos cuando sea demasiado tarde, lo que significó para nuestro país la anulación de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, y los reclamos de la sociedad para que se pusiera en funcionamiento la procuraduría especializada para los delitos electorales creada por la entonces nueva ley 15-19 de Régimen Electoral, cuya actuación fue nula.

El presidente de la JCE ha advertido que la asignación que el Poder Ejecutivo hizo a esa entidad en el proyecto de ley de presupuesto del año 2023 es insuficiente para cubrir todos los gastos de las primarias y los equipos que se deben comprar para las elecciones del 2024, y ha reclamado que el monto solicitado por esta sea asignado íntegramente, el cual asciende a la suma de 18 mil 742 millones de pesos, del cual aproximadamente 7 mil millones son para el montaje de las elecciones.

Con razón se reclama que la JCE no debería tener que estar suplicando cada año preelectoral al Gobierno de turno que le asignen los recursos necesarios, sin embargo es importante recordar que una cosa es las sumas que el Estado debe aportar a la JCE para sus gastos, que según la Ley 15-19 no podrá ser menor del 1.5% del presupuesto general de la Nación, más los gastos extraordinarios de los procesos electorales, y otra el financiamiento de las primarias de los partidos y las contribuciones económicas del Estado a estos.

Aunque los partidos mayoritarios y sus legisladores están reclamando que se asigne a la JCE la totalidad de las sumas solicitadas por esta, parecen haber olvidado que el artículo 47 de la Ley 33-18 dispone en relación con la apropiación de fondos para las primarias, que los recursos para organizarlas “serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.”

Lamentablemente no solo este mandato se incumplió en las elecciones del año 2020 porque los mismos que decían que iban a cubrir las primarias obligatorias recularon, sino que al parecer ha ocurrido una especie de amnesia colectiva que ha hecho olvidar que los recursos para celebrar estas primarias deben ser deducidos de las contribuciones recibidas por los partidos.

Lo más grave es que mientras un mandato claro de la Ley de Partidos es incumplido, a pesar de la inexistencia de un mandato legal que prevea los porcentajes del presupuesto del Estado a destinar para las contribuciones económicas a los partidos, dado que la Ley 33-18 solo establece la forma en que se distribuirán dichas contribuciones, y del intento que hicieran las actuales autoridades de reducir los montos de estas, lo cierto es que aunque ese tema haya desaparecido del debate e incluso de las publicaciones de la JCE, se sabe que han permanecido idénticos.

Por eso no se trata simplemente de que se le asignen a la JCE los recursos necesarios para celebrar las elecciones, sino de que se cumpla con las leyes, y que se proceda con la modificación urgente de las leyes de partidos y régimen electoral para reducir los altísimos topes de gastos de campañas, caldo de cultivo del derroche electoral. Los jóvenes que reclamaron en la Plaza de la Bandera luego del trauma electoral de 2020 no pueden tener la memoria corta, y por eso ellos y toda la sociedad debemos exigir que se hagan las reformas necesarias, y que se cumpla con los mandatos legales, lo que parece no ser del interés de la mayoría de los partidos, que se escudan cómodamente en que la democracia tiene un precio, que ellos se encargan de hacer cada vez más alto.