Terminó el año 2019 e inició el 2020 y las distintas elecciones se producirán, demostrándose que no era justificable realizar una reforma constitucional para darle una tercera oportunidad de postularse al presidente para supuestamente asegurar la continuidad del progreso, ni para habilitarlo so pretexto de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales porque la Junta Central Electoral (JCE) no estaría en condiciones de celebrarlas y habría un caos.
Esto demuestra que gran parte del liderazgo político, así como de otros actores sociales es capaz de hacer declaraciones tremendistas o mendaces con tal de lograr sus propósitos, o es capaz de hacer lo que antes fue imposible cuando realmente tienen la voluntad de hacerlo, lo que la ciudadanía debería tener muy en cuenta para medir quién es quién en la arena política.
Muestra de esto es que la Ley 33-18 de partidos políticos luego de más de 15 años de espera y de continuos reclamos de la sociedad civil, se hizo realidad cuando las autoridades de turno tuvieron la firme voluntad de aprobarla porque les interesaba el instrumento para regular sus conflictos internos, así como la aprobación de la nueva ley de régimen electoral.
También ha quedado demostrado que es un error dejarse arrastrar por las pasiones políticas capaces de justificar lo injustificable o de faltar a la verdad, pues las primarias celebradas por los partidos no fueron costeadas por estos como muchos prometieron y apenas los mayoritarios cubrieron parcialmente su costo, el cual afortunadamente fue menor por no haberse impuesto como obligatorias.
Las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral a pesar de sus falencias y de la anulación de múltiples de sus disposiciones por haber sido declaradas contrarias a la Constitución, deberían marcar una campaña electoral distinta, sometida a mayor regulación, y unos procesos electorales más democráticos. Pero esto solo se hará realidad si más allá de las sanciones que pueda imponer la JCE, que ha sido bien tímida a la fecha, o del control de legalidad y constitucionalidad que puedan ejercer el Tribunal Superior Electoral y el Constitucional, que han actuado con bastante oportunidad y firmeza, los ciudadanos estamos dispuestos a castigar o premiar con nuestro voto a los partidos y candidatos según sus acciones.
Los electores deberíamos estar más pendientes de medir cuán apegadas a la ley y la moral están las actuaciones de candidatos y partidos que de dar seguimiento a las encuestas que proyectan las intenciones de voto, para dejar atrás la mala práctica de votar por quien se espera tiene más probabilidades de ganar y hacerlo por quienes demuestren mayores virtudes para gobernar.
Quien actuó como funcionario de forma irresponsable, en violación de la ley, sin escuchar los reclamos de la sociedad, persiguiendo la satisfacción de sus intereses particulares y los de sus acólitos, con altas sospechas de haber cometido actos de corrupción arropados por un manto de impunidad, lo más probable es que de ser reelecto o electo en otra posición seguirá haciendo eso y más.
Y es que es muy fácil prometer transparencia, respeto a la ley, eficiencia, progreso y proyectos, pero es difícil encontrar quienes puedan exhibir una hoja de servicio público y un accionar privado que sustenten tales promesas. Por eso a falta de reales diferencias ideológicas que distingan a los más importantes actores del escenario político nacional, la vara para medirlos debería ser cuán respetuosos de la Constitución y la ley han sido en su accionar, cuán honestos han demostrado ser en su vida pública y privada, cuán cercanos han sido a los ciudadanos como funcionarios y cuán íntegramente han actuado evitando incurrir en conflictos de intereses, por aquella gran enseñanza bíblica de que a la gente se le conoce por sus hechos.
