En el ordenamiento jurídico dominicano encontramos diferentes mecanismos de participación ciudadana, los cuales permiten a las personas ejercer algún tipo de control acerca de la formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que desarrolla el Estado.
En este contexto hay mecanismos de participación establecidos en leyes preconstitucionales, en la Constitución, en leyes postconstitucionales y el proyecto de ley que cursan en el Congreso Nacional, como: ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social.
Hay que destacar la importancia de la participación ciudadana y el control social, como mecanismos de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad. En ese sentido, en el considerando tercero del anteproyecto se establece: “Que la inclusión de los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social en las constituciones de los sistemas político-democráticos, es reconocida internacionalmente como un medio de consagración y fortalecimiento de una estructura organizativa del Estado que lo legitima y afianza (…)”.
En esa misma línea, en el considerando cuarto del referido anteproyecto se describe:
“Que la participación y los mecanismos de control ciudadanos son instrumentos de gestión que ayudan al fortalecimiento de la democracia, ampliando los espacios para que la ciudadanía contribuya en el diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, permitiendo plasmar en acciones concretas y concatenadas (…)”.
En ese tenor, el anteproyecto establece una serie de principios, vinculados con los derechos de ciudadanía y de participación establecidos en la Constitución, Ley núm. 200-04 General de Libre Acceso a la información Pública, y en la Ley número 107-13 que regula las relaciones de las personas con la administración. En ese sentido, en el artículo 4, se listan los siguientes principios: complementariedad, concertación, cooperación, corresponsabilidad, igualdad, información, inclusión pluralidad, soberanía popular, solidaridad, transparencia, vinculación, y voluntariedad.
En síntesis, la aprobación de esta norma es de vital importancia para el fortalecimiento de la democracia, mejorar el control y fiscalización de los fondos públicos, y para que el pueblo, como soberano, tenga una participación más activa en el control de las políticas públicas del Estado. Por tales razones, exhortamos a nuestros legisladores a aprobar este proyecto de ley en 2023, para mejorar la calidad de la democracia, la institucionalidad, el control del gasto público y consolidar el empoderamiento ciudadano.