La decisión del presidente Luis Abinader de que la Contraloría General de la República haga públicas las auditorías a las instituciones gubernamentales ha venido a reforzar el énfasis en la pulcritud y la transparencia con que deben ser administrados los recursos públicos.
Se establece así un precedente que informa de nuevos criterios que constituyen una alerta a quienes administran dependencias del Estado y una apertura a la auditoría social que todos debemos hacer a esa administración.
Los datos ofrecidos por algunos medios de las referidas auditorías indican claramente que no nos encontramos ante las grandes estafas al erario que se ventilan en la Justicia sino -y sobre todo-, al salto de normas contables y procedimientos del adecuado rigor administrativo con que debe operar el estado.
La advertencia mayor, para los funcionarios que tengan ojos y oídos para ver y escuchar, es que estamos ante un nuevo estilo con el que se debe administrar o gerenciar la cosa pública.
El control que se aplica ahora representa un profundo cambio en la cultura de secreto que corrompía la administración pública, y promueve nuevos compromisos de pulcritud y transparencia en la gestión gubernamental, a la que todos debemos dar celoso seguimiento.
Es importante que con estas auditorías y su publicación estemos dejando en claro lo que debe cambiarse y mejorarse.
Que estamos avanzando hacia un punto de no retorno a los tiempos del descontrol y la falta de seguimiento al manejo de lo que es de todos y que sirve al avance y al bienestar general de la nación.
La posición de la República Dominicana para combatir la corrupción pública viene logrando avances extraordinarios desde 2020, conforme evaluación de la Sociedad de las Americas/Consejo de las Americas que siguen el comportamiento de los países de la región en ese aspecto, evaluación que acaba de publicarse aquí.
República Dominicana ha logrado el reconocimiento porque es el quinto país de Latinoamérica que mejor combate la corrupción, y que viene del décimo tercer lugar que ocupaba en 2020.
Es especialmente importante el celo personal que pone el presidente Luis Abinader en este tema de control y transparencia de la administración pública, ejemplo que deben seguir cada uno de los cabezas de dependencias gubernamentales.
Aunque en el incumplimiento de la norma puede incurrir el más sencillo de sus colaboradores, la responsabilidad y la cabeza que suena termina siendo la de los jefes.
Visto lo que estamos conociendo hoy en los tribunales es harto justificado el celo con que actúa el actual Presidente de la República, lo que constituye una garantía para la sociedad.
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