Ha causado impacto que el Presidente haya sido enfático en recordar a los funcionarios que deben presentar sus declaraciones juradas en el plazo de ley, y sobre todo que haya manifestado que quedarán suspendidos si no cumplen con esto, lo que luego de tres semanas provocaría su destitución.
Aunque la Constitución aprobada en el 2010 en su artículo 146 numeral 3 dispone la obligatoriedad de presentación de estas declaraciones al ingreso y salida del cargo, no fue hasta cuatro años después que se dictó la Ley 311-14, habiéndose demorado por dos años su reglamento de aplicación aprobado finalmente mediante decreto 92-16, lo que deja ver la falta de firme voluntad en ejecutar tal mandato.
En la práctica las declaraciones juradas se realizan completando un formulario diseñado por la Cámara de Cuentas (CC), el cual necesita de mejorías urgentes, pues no cumple con todos los requisitos de información previstos por dichas normativas. Para ilustrar esto basta citar que mientras el artículo 10 del Reglamento en su literal n) indica dar: “Detalle de derechos en participación, explotaciones personales o societarias, constituidas en el país o en el exterior, sea en administración o en capital” en la sección 5.3 del formulario solo se solicita “Capital Accionario”.
Dicho formulario tampoco contiene requerimientos de declaración de beneficiarios finales, quénes son las personas físicas “que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o que tenga como mínimo el 20% de su capital” de conformidad con la Ley 155-17 de Lavado de Activos, la cual establece como un deber formal de los contribuyentes la obligación de disponer de información actualizada de estos. Si los contribuyentes están obligados a hacerlo, con mayor razón debería exigírsele a los funcionarios revelar la información sobre el control efectivo final que tengan de sociedades.
Estas declaraciones juradas de los funcionarios deberían ser contrastadas con sus declaraciones de renta personal, pero sabemos que pocas personas la hacen, por lo que debería ser exigido que todo funcionario la presente a la DGII, pues por esta situación se da el caso de que muchos declaran acaudalados patrimonios, que no guardan relación con su declaración o pago de impuestos, las cuales levantan justificadas dudas sobre su origen lícito. Y es importante recordar que de conformidad con el referido artículo 146.3 de nuestra Constitución, a los funcionarios les corresponde probar siempre el origen de sus bienes, medida que constituye una inversión constitucional de la carga de la prueba.
Por todas esas razones el hecho de que se exija que todos los funcionarios presenten sus declaraciones juradas si bien es importante no bastará, pues urge que la CC haga una revisión del formulario y en el interín deberían pedirse informaciones adicionales a la declaración, así como requerirse que estas sean cotejadas con las declaraciones de renta.
Mientras esto no suceda las declaraciones solo servirán para el morbo de que se reseñen altos montos declarados, para que algunos se cubran declarando un patrimonio sin demostrar su origen lícito ni pagar todos los impuestos por este, y para que otros den información a medias de su patrimonio, porque a veces puede ser más importante de lo que se es beneficiario final que de lo que se es propietario.
Esperemos que la próxima Cámara de Cuentas asuma con rigor esta responsabilidad, y que la Procuraduría General como manda la ley utilice estas informaciones para realizar las investigaciones que correspondan. Pues tan importante es declarar el patrimonio, como que la declaración sea veraz y, que se activen las verificaciones e investigaciones que correspondan, para que estas dejen de ser simples requisitos de papel.
