En un país con una alta tasa de feminicidio, de embarazo en adolescentes y de abuso sexual contra niñas, sorprende la reacción en contra de la orden departamental 33-2019 del Ministerio de Educación. Esta disposición manda a diseñar una metodología para la incorporación de políticas de equidad de género en Educación. Con ella se busca construir una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminando cualquier tipo de discriminación por razones de género. Esto debería concitar todo el apoyo social posible, para que de una vez y por todas se erradiquen las condiciones que generan desigualdad de género.
Es lamentable que quienes se han opuesto a esta iniciativa, iglesias y políticos, hayan recurrido a argumentos falsos. No es cierto que una orden departamental tenga que ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación. El Ministro está facultado para tomarla. Tampoco es cierto que este tema haya surgido como un capricho de las actuales autoridades. La política de género es un mandato de la Constitución (art. 39 núm. 4), de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-2012), de la Ley de Educación (No. 66-97) y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el Pacto Educativo, firmado por los actuales detractores de la Orden 33-19, se consensuó promover una política de equidad de género en Educación.
Se ha pretendido hacer creer que la educación en valores es de exclusiva responsabilidad de las familias. El Estado, al igual que las familias, tiene la responsabilidad, no solo en dotar a los niños y niñas de los aprendizajes necesarios en lengua, matemática y ciencias, sino en forjar su conciencia en torno a la responsabilidad que tienen de cara a la sociedad y sobre todo, en su relación con los demás. Es claro que el sistema educativo está en la obligación de contribuir con la ruptura de los estereotipos y prejuicios de género, que colocan a los hombres en un rol de superioridad frente a las mujeres.
La orden departamental de Ministerio de Educación no define una política de género, manda a elaborarla. Por lo tanto, sus críticos se adelantan a colocar temas que no existen y que ponen al desnudo sus grandes prejuicios. La sociedad no se debe dejar confundir, más bien debe apoyar con firmeza la decisión del Ministro de Educación. Se debe ir más lejos y demandar que en todas las instituciones del Estado, y las privadas, se definan políticas de igualdad de género. Esta es la única manera de terminar con la discriminación, la violencia, la desigualdad y la inaceptable violación de los derechos fundamentales de las mujeres.
