Hechos distintos y distantes permiten aquilatar el gran desorden, la ausencia de sanciones, el débil seguimiento y la errática vigilancia que hemos acumulado durante años en el país, desde el tráfico de bebidas adulteradas y envenenadas hasta el robo de cables.
En nuestro país ha habido más que una ventana rota que al no repararse incita a actos vandálicos como explica la famosa teoría criminológica, ha habido puertas abiertas para que a sus anchas muchos entiendan que pueden descaradamente violar la ley, robar bienes públicos, enriquecerse a sus expensas o apropiarse de su uso cobijados bajo el manto de impunidad que dan cargos públicos, afiliaciones o conexiones políticas o de otros entes de poder, o simplemente por ser lo que muchos han erigido como eximente de responsabilidad, un humilde padre de familia.
El robo de cables eléctricos y de telecomunicaciones históricamente ha sido un problema en el país, y en muchos otros de la región desde Argentina hasta Costa Rica, pasando por Chile, lo que se incrementó desde hace un tiempo por los altos precios del cobre y por el hecho de que esta actividad delictiva, según se ha dicho, crece gracias al mercado internacional, especialmente de China.
Sin embargo, no se recuerdan investigaciones serias ni sanciones contra estos delincuentes en nuestro país, ni tampoco contra quienes impunemente se han dedicado a comprar estos bienes hurtados y exportarlos, causando graves daños.
Dejar sin servicio público de electricidad sectores o avenidas, como sucedió cuando se hizo la importante obra de remozamiento de nuestro Malecón, generar pérdidas enormes a empresas de telecomunicaciones afectando el servicio y su calidad como denunciaban las telefónicas incesantemente en el país hasta hace pocos años, no solo se trata de robo, sino de alteración de servicios públicos de primera necesidad, lo que afecta la seguridad pública. En muchos países el auge de esta mafia internacional de metales provocó cambios en sus legislaciones para endurecer las penas o para tipificar especialmente este delito, como es el caso de Chile, que en el año 2008 modificó su Código Penal en lo referente a “delitos relacionados con el robo y receptación de cables eléctricos y tapas de cauces”. Nuestro decimonónico Código no contiene este tipo penal y es indispensable que se contemple no solo el delito, su tentativa y sus penas, sino sus variantes como el transporte o almacenamiento, las agravantes, así como las multas y responsabilidades por los daños causados.
El apagón generado en nuestro principal aeropuerto por el robo de cables es un hecho gravísimo que afecta la seguridad nacional y lesionó la imagen del país a nivel internacional por la que tanto esfuerzo se está realizando para reactivar nuestro importante sector turístico, y perjudicó a muchos pasajeros y empresas de aviación, generando pérdidas económicas y poniendo en peligro vidas. Esto hace recordar que en el 2018 en el aeropuerto Arroyo Barril de Samaná, para robarse una aeronave cortaron los cables de cámaras de seguridad y suministro eléctrico, hecho por el cual luego se apresó a un piloto colombiano que fue entregado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), pero no se supo más.
Tiene que realizarse una investigación seria y someterse a la justicia a los que se entiendan responsables, esperando que se les impongan severas sanciones que sienten un precedente que evite la repetición de un hecho tan grave, debe revisarse la labor del CESAC y debe incluirse en el debate del Código Penal la tipificación de estos atentados a servicios públicos. Ojalá que finalmente haya una firme voluntad de las autoridades para atacar esta mafia, que nos fue dejando sin tapas de alcantarillado, sin cables, sin alumbrado público, y que de tanto no encontrarse con una potente luz roja que le impidiera continuar su ruta delictiva, llegó al extremo de afectar algo tan neurálgico como nuestro tráfico aéreo.
