El Consejo Nacional de Migración acaba de otorgar un plazo de noventa días a las empresas que utilizan mano de obra extranjera para que procedan a su regularización. Aunque la resolución oficial no lo diga expresamente, es obvio que su aplicación está destinada a los trabajadores migrantes haitianos que son empleados particularmente en la producción agrícola y en la industria de la construcción.
Aunque el sector empresarial ha saludado la decisión, algunas de sus asociaciones han advertido que su ejecución solo tendrá éxito si se simplifican y agilizan los trámites engorrosos que deben cumplirse para la contratación de un trabajador de nacionalidad extranjera. La observación es válida, pues este contrato debe hacerse por escrito bajo firma privada y depositado para su aprobación en el Ministerio de Trabajo, acompañado de copia de la visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores como prueba de que el trabajador ha recibido el permiso para ingresar legalmente al país.
Basta imaginar una finca de bananos o una plantación de arroz que emplean un centenar de trabajadores extranjeros para el cultivo y cosecha de sus productos, o en una escala menor, las decenas de obreros extranjeros que laboran en la construcción de una obra, para percatarse de la tarea ímproba que le aguarda a un empleador de mano de obra extranjera. En el presente se limita a contratar verbalmente al nacional haitiano que ha ingresado irregularmente al país; en cambio, con la aplicación de la resolución del Consejo Nacional de Migración tendrá que redactar y suscribir un contrato escrito con cada obrero y asegurarse de que está provisto de su correspondiente visado.
Loable propósito el de las autoridades, no hay dudas, pero su logro solo será posible si se dota a las instituciones correspondientes de los fondos necesarios para la concesión del visado al nacional extranjero, ya sea como residente temporal o permanente, o como trabajador temporero no residente. Fácil decirlo, pero bien difícil ejecutarlo. En primer lugar, el visado tendrá que ser concedido a un extranjero que vive en el país en situación irregular, con lo cual se desconocen las normas de la Ley de Migración que prevén el otorgamiento del visado como una autorización para ingresar al territorio nacional. En segundo lugar, una mayoría de los nacionales haitianos a ser contratados no cuentan con documento de identificación que permita individualizar al visado, lo que conduciría a la vieja práctica del visado colectivo expedido a un grupo innominado, práctica que ya fue condenada por los organismos internacionales cuando se empleó en el pasado en los ingenios azucareros. Y, en tercer lugar, de superarse estos obstáculos habrá que redactar en español y en el idioma del trabajador extranjero un contrato que deberá ser depositado en el Ministerio de Trabajo para su debida autorización, a menos que las autoridades dispongan suprimir la exigencia del escrito y permitir que se convenga verbalmente, como sucede con los contratos de trabajo de los dominicanos.
Ahora bien, como regularizar es sinónimo de legalizar, la contratación de los trabajadores migrantes debe sujetarse a lo dispuesto en el Código de Trabajo, en el sentido de que el ochenta por ciento por lo menos del total de los trabajadores de una empresa debe de ser de nacionalidad dominicana. Todos sabemos que este requisito legal no se cumple ni en las faenas agrícolas ni en las empresas de construcción de obras, y en general se ha argumentado que esta violación es debido a los bajos salarios que se pagan, que no resultan atractivos para los obreros dominicanos, cuya ausencia es suplida por una mano de obra extranjera de presencia irregular, dispuesta a trabajar por un salario irrisorio. Los empresarios del ramo refutan esta denuncia y afirman que no solo pagan el salario mínimo de ley, sino que además abonan sumas superiores, iguales o mayores a las que se pagan en otras empresas.
Al margen de esta polémica, la realidad es que en todos los países del mundo los trabajadores tienden a desplazarse hacia aquellas áreas de la producción y servicios que les ofrecen una mejor retribución y un trabajo menos fatigoso. Lo vemos en España, con las faenas agrícolas servidas por jornaleros africanos; en los Estados Unidos con la recolección de la uva en California, a cargo de los “espaldas mojadas” mexicanos; y en la República Dominicana, donde el trabajo agrícola del “echa días” o el movimiento de tierras y el levantamiento de paredes y empañete de una construcción son realizados por trabajadores migrantes, porque el crecimiento económico y desarrollo experimentado por el país en sus últimas décadas permite al dominicano del presente encontrar un trabajo informal con mayores ingresos y menos agobio o un trabajo asalariado mejor retribuido y menos pesaroso. Pero el esfuerzo bien vale pena, si con ello alcanzamos la mecanización de labores tan pesadas.
