La semana pasada, la discapacidad fue el tema central de la alocución del presidente Luis Abinader en La Semanal. Ese evento tiene relevancia por dos cuestiones específicas:
Primero, por primera vez en muchos años, un mandatario destinó un espacio de vocería para destacar las acciones del Estado en materia de participación igualitaria de quienes tienen alguna condición física, sensorial o cognitiva. En segundo lugar, esa exposición promueve un mensaje que debería servir para que tanto los servidores públicos que se han negado a adoptar políticas de equidad como el empresariado dominicano tengan mayor apertura en torno a esta cuestión.
Quizá en otra entrega hable de este punto en concreto. Pero en esta ocasión, quiero centrarme en el aspecto educativo. Durante su intervención, el presidente señaló que, entre agosto de 2020 y febrero de 2025, hubo 19,712 personas con su certificado de discapacidad. Eso significa que, voluntariamente, fueron al Conadis y solicitaron esa certificación. El dato importante es que, de esa cantidad, 11,876 son menores de edad. Lo que significa que necesariamente deberían formar parte del sistema educativo dominicano en su mayoría. Ahora bien, tomo este dato porque es el dicho por Abinader, pero la población con discapacidad que tiene entre cinco y 17 años es significativamente mayor, solo que aún no se ha certificado.
Así, si se consideran las barreras que enfrentan los estudiantes con alguna condición física, sensorial o cognitiva, es de altísima relevancia que se anuncien las medidas adoptadas para fortalecer el acceso de este colectivo a los centros educativos. Por ejemplo, cuando revisamos las razones por las que las personas con discapacidad física abandonan la escuela, vemos que por lo regular se debe a impedimentos de movilidad, lo que resalta el valor de los autobuses accesibles en el programa TRAE.
¿Qué es una cifra ínfima para la necesidad que hay? Es altamente probable. ¿Qué debería establecerse un mapa que considere dónde están y quiénes son los estudiantes con discapacidad? Absolutamente sí.
Pero, mientras tanto, ya hay una acción concreta orientada a solucionar un obstáculo que se ha resaltado por décadas. Y esto es un punto importante. Ahora bien, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, tiene grandes retos en materia de accesibilidad en el sistema educativo. Por un lado, las zonas rurales son las que mayores dificultades enfrentan en materia de acceso para estudiantes con discapacidad.
Esto va desde el bloqueo de familias y comunidades para que sus hijas e hijos acudan a los centros educativos, hasta las trabas que los directores de escuelas y liceos ponen a los padres para inscribir a estudiantes con alguna condición física o sensorial.
Así, es oportuno que el año pasado se haya emitido la ordenanza 05-24 de educación inclusiva, con la que se busca garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad a las aulas. Y justamente ahí está otro de los retos que se presentan: acceso y permanencia.
Pues, aunque el presidente habló de la accesibilidad en algunos autobuses de TRAE, los principales obstáculos se encuentran en la infraestructura de los planteles. Desde cuestiones vinculadas a diseño estructural (como amplitud de pasillos, baños y puertas), hasta elementos didácticos. Por ejemplo, desde hace algunos años, el Gobierno dominicano tiene la política de facilitar útiles escolares al alumnado del sistema público.
Esa política es positiva. Sin embargo, para estudiantes con ceguera, discapacidad auditiva y cognitiva, no existe la misma política. Para que un alumno acceda a los recursos que le garanticen su autonomía y permanencia en el aula, es preciso contar con el soporte de las organizaciones que compran estos materiales fuera del país o esperar a que exista cierto grado de disponibilidad vía las instancias estatales.
Por eso, celebro que el presidente destaque la participación de las personas con discapacidad como una cuestión prioritaria. A la vez, considero crucial seguir fortaleciendo la relación de complementariedad que existe entre el Estado y la sociedad civil en materia educativa.
Primero, porque las organizaciones ya han adquirido una formación y experiencia técnica que puede ser de altísimo valor para el sistema educativo dominicano. Segundo, porque el mismo diseño estructural de nuestro sistema limita la capacidad de facilitar servicios específicos y personalizados a nuestro estudiantado, justamente lo que sí pueden suplir las organizaciones.
Dicho de otra manera, se están dando las condiciones idóneas para consolidar una generación de personas con discapacidad que finalmente viva al margen de estereotipos y etiquetas. Pero es cierto que hace falta tanto el impulso estatal como el involucramiento de otros sectores para que esto se traduzca en resultados acordes con las metas país en materia de desarrollo.
