Nadie niega que la inseguridad constituye una amenaza directa contra la vida social. El crecimiento acelerado de la zona urbana -sin desmedro del fenómeno de exclusión social- experimentado por nuestra sociedad, desde hace varias décadas, es una de las más grandes dificultades que contribuye a su incremento.
La exclusión social, que no es un fenómeno exclusivo de América Latina se encuenta concentrada, principalmente en los barrios periféricos de las zonas urbanas, mejor conocidos como barrios marginados en los que suelen concentrarse toda clase de miseria social y un ambiente degradado. Es allí, entonces, donde los fenómenos de violencia y la delincuencia depredadora encuentran las condiciones más apropiadas para desarrollarse.
Sin embargo, la inseguridad en estas zonas suele concentrarse en lugares específicos: Una parque, una calle, una entrada al barrio que se encuentren desprotegidos.
Por esta razón, los residentes de estas partes de la ciudad tienden a evitar el uso de los espacios publicos y a mantenerse en sus casas.
Maurice Chalom y Lucie Leonard, en su trabajo sobre “Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la policia” tal abandono produce “un doble efecto que, combinado, viene a aumentar tanto la dimensión objetiva como la subjetiva de la inseguridad ciudadana”.
El primero de estos efectos es el de que los controles sociales informales se relajan, por lo cual cada vez son menos los ciudadanos dispuestos a respetar las reglas de convivencia. El segundo es la degradación de la vida económica y comunitaria porque la población se aisla. Además proliferan los desórdenes y la incapacidad para combatirlos. Esto, a su vez, genera una sensación de malestar (miedo difuso).
La responsabilidad de este problema parece tener cobijo en la negligencia, o en la inexistencia, de políticas públicas requeridas para garantizar el orden social en algunos sectores urbanos. Tal negligencia provoca en las víctimas un sentimiento de impotencia y contribuye al crecimiento de la cultura de impunidad que estimula el aumento del delito.
Si bien el fenómeno delictivo no es un asunto exclusivo de una clase social determinada. En las sociedades en las que una buena parte de sus integrantes son excluidos del derecho a vivienda, a educación y al trabajo; las personas no disponen de medios legales para su subsistencia y pueden verse tentados al delito como medio para sobrevivir.
