“En lo que vas y vuelves de Dajabón han muerto dos personas en accidentes de tránsito”
Hace algunas semanas, la cancelación de la licencia de conducir y la prisión preventiva dictada a un individuo que agredió físicamente a un agente de tránsito causaron revuelo en los medios de comunicación. En un contexto distinto, pero con dinámicas similares, el arresto de un exponente de la música urbana el fin de semana pasado también ocupó las conversaciones en redes y medios digitales.
Aquí no se cuestiona si las medidas son correctas, incorrectas, justas o inmerecidas; de hecho, lo del fin de semana pasado es vergonzoso para todo el mundo. Lo que preocupa realmente es que estas acciones parecen responder únicamente a las tendencias o a los llamados de influencers, lo que plantea un peligroso precedente.
La magistrada Katia Miguelina Jiménez ha señalado en sus trabajos el riesgo que conlleva la toma de decisiones, basadas en juicios mediáticos. Y aunque en su trabajo se circunscribe al quehacer del derecho en la corte, también puede aplicarse en un contexto de regulación como el de las instituciones de tránsito. Y en este sentido, el planteamiento de la magistrada supone una preocupación que se agrava cuando se trata de seguridad vial.
República Dominicana lidera la lista de países con la mayor tasa de mortalidad causada por lesiones en accidentes de tránsito en el mundo, con un promedio de 65 muertes por cada 100,000 habitantes según datos de World of Statistics. Dicho en términos más sencillos, en este país las calles son más letales que el dengue, la diabetes o el cáncer.
Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirma esta tendencia, colocando al país en los primeros cinco lugares de mortalidad por accidentes de tránsito desde el año 2000 hasta 2019, con los primeros puestos desde 2010, excepto en 2011. Esto es mucho más preocupante porque desde 2017 tenemos una estrategia de movilidad, hace más de cinco años que venimos impulsando acciones concretas como país, en los últimos años se han establecido alianzas con organismos internacionales, asesores y cuanta idea ha pasado por delante, y el problema sigue invariable.
La Organización Mundial de la Salud agrega un dato aún más desolador: cada cuatro horas, una persona pierde la vida debido a accidentes viales en el país, y las víctimas más frecuentes son jóvenes entre 15 y 34 años, que representan el 60% de las fatalidades.
Pongámoslo de este modo, cada día de trabajo o de escuela en jornada extendida es equivalente a dos muertes. El tiempo que pasa entre que llegamos a casa a las seis, cenamos, ponemos un programa o novela y nos preparamos para dormir, equivale a otra. Solo en agosto de este año se registraron 19 muertes y 10 heridos a causa de estos siniestros. Y en lo que va de mes, ya se ha incrementado la contabilidad.
Y mientras continuamos con una alta producción de fallecimientos per cápita, el parque vehicular del país sigue aumentando. Datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en 2022, arrojaron que el país alcanzó la cifra de 5,463,996 vehículos registrados, un incremento del 6% en comparación con años anteriores. Las motocicletas, responsables de la mayor cantidad de accidentes, representan más de la mitad del parque vehicular total y han experimentado un crecimiento del 6.6% respecto al año anterior, con 189,114 nuevos registros.
En esa línea, el “Anuario de muertes accidentales y violentas” del 2021, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), arroja bastante luz, al indicar que el 42.7% de los 4,391 decesos reportados en el país ese año se debieron a accidentes de tránsito. Además, en 2021 hubo un aumento del 8.1% en comparación con 2020, con un total de 1,874 fallecimientos. El 87.9% de las víctimas fueron hombres, y los meses de marzo, noviembre y diciembre registraron la mayor cantidad de decesos.
En ánimo de ser justos, hay que plantear un par de matices: primero, diversas autoridades y académicos han señalado que parte importante de los decesos en nuestro país tienen que ver con patrones de conducta que afectan la convivencia. Segundo, en términos llanos, los instrumentos normativos con los que cuenta el país son bastante potentes, sin embargo, existe una especie de acuerdo en disentir en los temas urgentes. Tercero, probablemente deban pasar unos 10 años de inversión en sistema educativo, fortalecimiento institucional y adecuación de procesos como el de otorgamiento de licencias, antes de ver un cambio positivo.
Quisiera equivocarme y ojalá lo haga. Mientras tanto, conversar estos temas es una buena salida. Y esto es lo que estaremos haciendo en el segundo congreso internacional de Accesibilidad Urbana que realizaremos en el marco de la campaña Bastón Blanco 2023. En esta ocasión, contaremos con la presencia del co-presidente de ciudades del futuro del Foro Económico Mundial, Carlo Ratti, y discutiremos un poco sobre sostenibilidad, porque todo se vincula.
