Si definimos los retos como las situaciones sobre las cuales la nación puede actuar y evitar acontecimientos no deseables, me aventuraría a presentar los siguientes:
- Mejorar sensiblemente la gestión de nuestros recursos hídricos. Si mantenemos el curso que llevamos, en 50 años, el país donde vivirán nuestros nietos, enfrentaría niveles realmente dramáticos de escasez de agua.
- Poner fin al secuestro de más de 2 millones de niños y jóvenes que hoy reciben uno de los servicios públicos de educación de menor calidad del mundo. A la nación le resultaría más económico el retiro anticipado, con una pensión equivalente al 75% del salario actual, de miles de maestros sin las calificaciones necesarias para impartir docencia ni condiciones para asimilar una capacitación rigurosa. Necesitamos contratar expertos en docencia en el extranjero para entrenar a aquellos con posibilidades de asimilar las técnicas y los conocimientos necesarios para impartir docencia, y miles de maestros extranjeros que puedan asumir la responsabilidad de la enseñanza en las aulas, en lo que creamos un cuerpo docente de maestros nacionales de calidad. De no hacerlo, tendremos que identificar donde construiremos 300 o 400 mil nuevas habitaciones hoteleras para colocar los recursos humanos, pésimamente calificados, que nos entregará el ejército de maestros incapacitados que hoy enseñan en nuestras escuelas. Si para ello hay que elevar de 4% a 5% del PIB la inversión en educación, habrá que hacerlo. Ese 1% adicional del PIB sería más productivo que el restante 4%.
- Fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Esto evitaría acelerar nuestra trayectoria hacia una situación de insostenibilidad de la deuda pública. La mejora en la distribución del ingreso debe promoverse a través de la asignación racional y eficiente del gasto público y una reforma laboral que allane el camino al pago de salarios decentes. Pretender mejorar la distribución del ingreso a través del sistema tributario es una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Eso solo serviría para fomentar un aumento adicional de la evasión y la elusión fiscal. La reforma, cuando decida hacerse, deberá pellizcar a todos; nadie debería quedar exento. La teoría debe ceder el paso al pragmatismo. Si las empresas evaden más fácilmente un impuesto sobre la renta cuya base es el beneficio o la utilidad, hay que sustituir la base por las ventas o los ingresos brutos, aplicando una tasa mucho más baja y, en última instancia, adoptar esta figura como impuesto mínimo. El aumento de las recaudaciones debe permitir al Gobierno contar con recursos para financiar parte del programa de inversiones en infraestructura física necesitaria para elevar nuestra competitividad.
- Detener el crecimiento de la deuda del Banco Central. Mientras en agosto de 2004, la deuda interna del Banco Central representada por sus valores en circulación equivalía al 64% de los ingresos corrientes del gobierno en ese año, actualmente equivale al 112%. Debemos concentrar en el Ministerio de Hacienda toda la deuda del sector público, incluyendo la del Banco Central. Esto permitiría un manejo más eficiente y menos costoso para el Estado que el generado por la existencia de dos emisores de deuda pública. Al otorgarle a Hacienda el monopolio de la emisión de la deuda soberana, aumentaríamos el poder de negociación del Estado cuando realiza colocaciones de sus bonos.
- Abordar con coraje y sin temor al costo político, las deficiencias en los servicios públicos, comenzando con la necesaria transformación del sistema de transporte público de pasajeros en los dos principales centros urbanos del país, Santo Domingo y Santiago. Desmantelar la estructura de precios mentirosos y subsidios regresivos que existen en nuestra economía. Solo así crearíamos las condiciones para que la inversión privada pondere la posibilidad de incursionar en la distribución de electricidad. Convendría fomentar la migración desde del modelo actual de separación horizontal de la industria eléctrica al de integración vertical regionalizada. Si el que genera electricidad finalmente es quien la cobra a los usuarios, el incentivo para cobrar la energía suministrada será mayor que el vigente en el sistema actual, en el cual, la energía no cobrada por las EDE termina siendo pagada por el Gobierno.
- Atraer toda la inversión extranjera adicional posible para continuar el desarrollo del turismo, la manufactura de exportación, la minería medioambientalmente responsable y, sobre todo, la agricultura y agroindustria de exportación.
- Las pensiones que generará el sistema de capitalización, con los actuales parámetros de edad de retiro y tasa de contribución, serán muy bajas. Para resolver este problema y las eventuales protestas que enfrentaremos en el futuro no muy lejano, debemos reformar el sistema. La reforma deberá incluir la elevación de la edad de retiro a no menos de 65 años, el aumento gradual de la tasa de contribución hasta llevarla a 15%, la posibilidad de devolver la totalidad de los recursos en la cuenta de capitalización a quienes alcancen la edad de retiro y no hayan registrado un mínimo de 360 cotizaciones, y la reducción gradual de la comisión sobre saldo que cobran las AFP para que alcance, en el largo plazo, un nivel cercano a 0.50%. Convendría que las AFP administren también las cuentas de cesantía que se crearían en el marco de la reforma laboral.
- Continuar el proceso de fortalecimiento institucional del Estado, incluyendo las entidades del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tendremos que enterrar el populismo de los bajos salarios que se pagan en el sector público, si realmente deseamos progresar en materia de la transparencia y efectividad en la toma de decisiones en el Estado. Por décadas, Singapur ha tenido los salarios en el sector público más elevados del mundo. Esa ha sido una de las causas del porqué esa nación exhibe niveles bajísimos de corrupción. Lee Kuan Yew entendía que si pagaba “peanuts” tendría “monkeys” como funcionarios. Con salarios iguales o mayores a los pagados por las empresas privadas, atrajo los mejores recursos del país para trabajar en la que el definía como la mayor empresa de Singapur, el Estado de esa nación. La fusión del Poder Legislativo en una sola cámara sería deseable no solo por la eficiencia que se ganaría al reducir significativamente el número de participantes en el proceso de producción de las leyes, sino también, porque enviaría una señal clara del compromiso de la clase política con la utilización responsable de los recursos públicos, muy oportuna en el momento que reclamemos la necesidad de mayores tributos a la población.
- Diseñar y ejecutar una estrategia efectiva de comunicación que permita neutralizar el daño potencial que la irrupción masiva de ignorancia en las redes sociales puede provocar en la gobernabilidad de la nación. Las reformas económicas y sociales que necesita el país para continuar progresando no pueden ser continuamente anuladas, suspendidas o pospuestas por el temor a la opinión de diez, cien o mil ignorantes que habitan en las redes sociales. La comunicación de las reformas debe ser lo suficientemente poderosa y efectiva como para cerrar la frontera a la ignorancia. Si dejamos que la democracia ceda el espacio a la oclocracia que emana del destape de ignorancia que hoy se pasea libremente por las redes sociales, involucionaremos. Nada elevaría más la productividad de las redes sociales que la introducción de mecanismos efectivos e independientes de calificación de los emisores de opinión a través de las mismas. Iniciativas como esa, reducirían notablemente el costo político que enfrentarían los gobiernos interesados en ejecutar las reformas modernizantes necesarias. De esa manera, el usuario de las redes sociales estaría mejor informado sobre la calidad y calificación del emisor de la opinión, y ponderaría mejor la decisión de creer o no en lo que dice.
- Finalmente, el lado este de la isla de la Hispaniola, no cuenta con recursos ni riquezas suficientes para albergar 22 millones de personas. La “solución dominicana” derivaría en una isla fallida. Este es un reto que venimos enfrentando desde hace años y que viene estresando cada vez más a la estructura económica, social y política de la nación dominicana. Nuestro país ha disfrutado de una envidiable estabilidad política y paz social en las últimas seis décadas. Esa ha sido la plataforma que ha posibilitado a las políticas públicas ejecutadas en los últimos 57 años, generar el crecimiento económico y el desarrollo social que ha exhibido la parte este de la Hispaniola. La estabilidad política y la paz social, sin embargo, no estarán garantizadas en el futuro si no logramos imponer, contra viento y marea, la necesaria política de inmigración compatible con las reales posibilidades de nuestra nación de absorber mano de obra inmigrante. Si mantenemos el “laissez faire et laissez passer” (déjalos hacer y déjalos pasar) en materia de inmigración, todo lo que hemos avanzado hasta ahora, se vendrá abajo. De nada sirve que enfrentemos los nueve retos anteriores, si no logramos adoptar y ejecutar, atendiendo únicamente a nuestros intereses, la política de inmigración que sea compatible con la capacidad de nuestra nación de absorción de inmigrantes extranjeros, una política que debería acoplarse con nuestros esfuerzos para promover el desarrollo integral de la República de Haití. Si no lo logramos, el infierno, no otra cosa, sería la herencia que dejaríamos a nuestros nietos. l
