Es inevitable pasar balance a lo acontecido cada vez que se acerca el final de un año, intentando identificar lo más significativo, así como lo bueno y lo malo que ha ocurrido.
Si tuviéramos que dar un calificativo a este agonizante 2017 sin lugar a dudas diríamos que fue un año en el que la sociedad despertó comprendiendo mejor el altísimo costo de la corrupción y la imperiosa necesidad de cesar la impunidad, gracias al destape internacional del caso de ODEBRECHT y al efecto de las acciones tomadas por la justicia de otros países de la región en relación con los imputados de este escándalo, lo que ha llevado a una continua comparación que al momento ha causado una enorme frustración.
Iniciamos este año con la primera manifestación ciudadana bautizada como “Marcha Verde”, cuyo éxito dio pie a la gestación de todo un movimiento social de lucha contra la corrupción y la impunidad, y lo finalizamos con un estridente colofón, la orden ejecutiva dictada por el presidente Trump declarando emergencia nacional con respecto a serios casos de abusos contra derechos humanos y corrupción en el mundo y sancionando a 13 individuos envueltos en esas malignas actividades que van desde ex presidentes, hijos de ex presidentes y procuradores señalados por corrupción y tráfico de influencias, traficantes de armas y de órganos, empresarios, lobistas, pasados funcionarios públicos, etc., abarcando, entre otros, varios países africanos y tres latinoamericanos: Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.
La inclusión de imputados por corrupción en este listado ha sorprendido a algunos, pero debemos recordar que esta orden está fundamentada en la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”, cuyo nombre se debe al abogado Sergei Magnitsky, asesinado por denuncias de corrupción en Rusia, la cual aunque inicialmente estuvo dirigida a funcionarios y personas implicadas en ese horrendo crimen, fue enmendada en diciembre de 2016, con el propósito de ampliar esas sanciones a extranjeros sindicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Definitivamente que el aspecto más negativo del año es la debilidad institucional y la poca efectividad de nuestra democracia por la prácticamente inexistente separación de poderes, la cual aunque es más objeto de acusación respecto del Poder Judicial por la incidencia directa que tiene para todas las personas, es prácticamente nula con un Congreso dominado por el partido oficial que ha dejado completamente en el olvido su rol de contrapeso y de fiscalizador del Estado.
Y el más positivo sigue siendo el crecimiento económico que, aunque menor al esperado ha sido continuo, sin embargo hay serias amenazas en el horizonte por el elevado endeudamiento que solo en pago de intereses constituye la segunda partida de gastos más importante de nuestro presupuesto y las inquietudes por su continuo ritmo ascendente en contraste con las cada vez más limitadas fuentes de ingresos.
Estos dos aspectos, uno negativo, la fragilidad institucional y otro positivo el crecimiento económico, están entrelazados pues por un lado, uno de los lastres más importantes que frena nuestra competitividad y por tanto nuestro desarrollo económico es la pobre institucionalidad y por el otro, sin destinar recursos suficientes a las instituciones del poder judicial y órganos de control no será posible avanzar institucionalmente.
Lo que pasó, pasó, dice una famosa canción, pero en este caso lo que aconteció en el 2017 continuará en el 2018 en el que habrá de verse cómo avanzarán ambos aspectos, lo que dependerá de que finalmente entendamos que crecimiento sin institucionalidad no es desarrollo y que no hay peor enemigo para el país que la corrupción, a la cual solo podremos enfrentarla acabando con su caldo de cultivo, la impunidad.
