Uno de los puntos principales que tiene atascada la discusión del proyecto de ley de partidos políticos es si sus primarias se realizarán con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) o padrón abierto o un padrón del partido o cerrado.
Esta discusión revela una de dos cosas, o nuestros partidos que durante años se ufanaron de la membresía que tenían no saben en realidad cuántos y quiénes son sus miembros, pues de saberlo no estarían tan acaloradamente debatiendo este punto; o están conscientes de que sus militantes no son ni cerca los que alegaban tener y prefieren que no les sean contabilizados.
Hasta hace relativamente poco los partidos tenían gran desconfianza en el padrón electoral, hasta el punto que uno de los reclamos principales de los entonces partidos de oposición a la Comisión de Seguimiento Electoral a los trabajos de la JCE para las elecciones del año 2004 era precisamente la depuración del padrón electoral.
Finalmente, gracias a los trabajos realizados, los partidos tienen confianza en el padrón de la JCE, al extremo de que prefieren celebrar elecciones internas con este y no con su propio padrón.
Otro de los puntos que provoca división es el hecho de si los procesos de elecciones primarias de los partidos deben realizarse como si fueran elecciones nacionales por la JCE o si deben ser realizados por los partidos bajo la supervisión de la Junta.
Nuevamente sorprende que los partidos que en más de una ocasión han desconfiado de la autoridad electoral tildándola de parcial, tanto a la JCE como al Tribunal Superior Electoral, y que incluso en ocasiones la han culpado de divisiones internas, estén dispuestos a establecer en una ley que la suerte de sus procesos internos no dependa de ellos mismos, lo que constituye a todas luces un debilitamiento de su autonomía, basados quizás en una mayor confianza coyuntural en las nuevas autoridades electorales que podría variar en el futuro y chocar entonces con el mandato legal.
Tenemos más de una década esperando la necesaria aprobación de una ley de partidos y precisamente por intereses particulares la misma no ha sido posible. Por eso es imprescindible que la ley que se apruebe no esté hecha a la medida de ningún otro interés que no sea el general de asegurar más democracia interna, más transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza de los partidos.
Lo mínimo que una institución cualquiera debe garantizar es que conoce quiénes son sus miembros, por lo que permitir a los partidos realizar primarias con el padrón universal de la JCE es dispensarlos de esta obligación fundamental, que se le exige a cualquier otra organización social, e incluso con disposiciones tan onerosas como las de la nueva ley de lavado de activos de informar no solo quiénes son los propietarios de una sociedad, sino sus beneficiarios finales so pena de sanción.
No cometamos el error de por acomodar los intereses o sofocar las angustias de algunos líderes políticos de aprobar una ley luego de tantos años de espera que debilite a los partidos por desconfianza entre sus líderes rivales y peor aún que ponga en manos de la JCE una responsabilidad que solo los partidos mismos deben encarar de organizar adecuadamente sus procesos internos aunque bajo su regulación y colocar en hombros de los contribuyentes la obligación de pagar el elevadísimo costo de unas primarias de ese tipo por incapacidad de los partidos de gobernarse a sí mismos.
Por eso la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿si los partidos no son capaces de gobernarse a sí mismos cómo podrían gobernar a todo un país?. Ojalá que el riesgo de poner en evidencia esta situación los haga recapacitar y esto permita que finalmente se haga la luz y tengamos una buena ley.
