El gobierno ha manifestado por diversos medios su interés y necesidad de impulsar un pacto para estabilizar las cuentas fiscales, uno de los aspectos de nuestra economía que requiere mayor atención y cuya discusión se espera inicie en los primeros meses de este año.
Por la trascendencia de un pacto fiscal que regirá las políticas de ingreso, gasto y financiamiento público posiblemente por la próxima década o más, y para cumplir con la transparencia que debería acompañar el diseño de estas políticas, conviene a la credibilidad de las autoridades, en la fase inicial, que comiencen a informar a la ciudadanía sobre el porqué y la magnitud de la reforma impositiva a la que se aspira, así como las razones por las cuales se hace impostergable dicho pacto.
Una reforma que haga las cuentas fiscales sostenibles en un marco de transparencia, de entrada requerirá que las autoridades compartan con la ciudadanía la meta de balance primario que se aspira a lograr y los años requeridos para revertir la tendencia creciente que lleva el coeficiente de la deuda pública como proporción del producto interno bruto, hasta alcanzar la meta establecida.
En esencia, el pacto perseguiría lograr que los recursos establecidos en el presupuesto para el pago de la deuda gubernamental no provengan de préstamos, sino del excedente resultante de restar a los ingresos del gobierno los gastos totales, excluyendo de estos últimos el pago de los intereses de la deuda pública, hasta que el monto de dicho excedente iguale o supere el total de los intereses a pagar.
Definir la senda de balance primario requerirá aportar las proyecciones con la senda de gasto que seguirá el gobierno, al menos, por el resto del cuatrienio, incluyendo los recortes del gasto del 3% del PIB que han prometido ejecutar las autoridades e incluir, además, la estimación de ingresos por año y los déficits resultantes de ambas proyecciones.
Aspectos pendientes en la normativa
Un tema de mayor importancia para fortalecer la credibilidad de las cuentas públicas, es el establecimiento por ley de un mandato para que expertos independientes revisen y se pronuncien sobre las proyecciones fiscales, con autonomía para definir los modelos y métodos de estimación relevantes. Sus decisiones serían públicas y vinculantes para la formulación del presupuesto.
De esta manera, se complementaría la legislación dominicana que adolece de un mandato en esa dirección y se cumpliría con la recomendación del Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal, del Fondo Monetario Internacional, que recomienda: “solicitar a expertos independientes que evalúen los pronósticos fiscales, los pronósticos macroeconómicos en que se basan, y los supuestos en los que se fundamentan”.
Para complementar el marco normativo, se requiere una ley de responsabilidad fiscal que establezca una regla de formulación y gestión explícita del Presupuesto, definida esta última como una restricción permanente, salvo situaciones de excepción contempladas en la misma ley, para hacer sostenibles a largo plazo las cuentas fiscales. La restricción se expresa en términos de un indicador de comportamiento como el déficit público, el nivel de gasto público, tope de endeudamiento, etcétera.
La aprobación de una regla fiscal, con la flexibilidad apropiada para que las políticas macroeconómicas puedan ajustarse a las perturbaciones que pudieran afectar la economía, pero con un régimen sancionador efectivo para disuadir su incumplimiento, no solo fortalecería la credibilidad de la política fiscal, sino que permitiría que se tutele de manera efectiva el cumplimiento del mandato de sostenibilidad fiscal, artículo 233 de la Constitución de la República, que es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, culturales y deportivos contemplados en la Carta Magna.
