Las órdenes de arresto y el aparatoso operativo de allanamientos de la red de quien ha sido reconocido por las autoridades como el jefe de “una de las estructuras de narcotráfico más importante de la región del Caribe, Estados Unidos y la República Dominicana”, dejan nuevamente al descubierto vergonzosas realidades de nuestro Estado y de nuestra sociedad.
La complicidad, corrupción, impunidad y aplicación discrecional de la ley, que convierten a algunos en intocables, son el caldo de cultivo para que estructuras mafiosas de todo tipo, puedan operar en cualquier país. Y la ambición, la vanidad, la permisividad, la falta de ética y de reciedumbre moral, facilitan que estas mafias operen libremente conquistando espacios y ganándose adhesiones de aquellos que aceptan ser beneficiados directa o indirectamente, aunque sepan o presuman el origen ilícito de los recursos.
Por eso la desconfianza existente en nuestra sociedad frente a la mayoría de las instituciones y poderes del Estado y la enorme frustración que sienten los ciudadanos por la doble vara que tienen para medir, pues mientras para muchos el rigor de la ley se impone, a veces incluso abusiva o irracionalmente, y se puede erigir en obstáculo para el quehacer ciudadano y de negocios, para otros poderosos, las leyes se incumplen, los pagos se evaden, los procesos se vulneran sin ninguna consecuencia o como contrapartida de sobornos, coimas y otras canonjías.
A esto se suma que la percepción general es que operativos de desmantelamiento de redes mafiosas como esta solo se dan cuando las autoridades de los Estados Unidos solicitan que se hagan, o que escándalos de corrupción solo se destapan cuando una investigación internacional lo hace, como en el caso ODEBRECHT, o que circunstancias los ponen en evidencia, como tormentas que hacen que la marea arrastre a la orilla podredumbre, basura y cadáveres, como aconteció en los casos de la OPRET con los papeles de Panamá, o de la OMSA y la OISOE por asesinatos y suicidios.
Si cuando se destapa un escándalo de corrupción o se desmantela una red mafiosa de tráficos ilícitos y lavado de activos, la mayoría de las veces estos eran ya parte del rumor público y era imposible que estos hechos y sus actores pasaran desapercibidos para las autoridades, la pregunta obligada es porqué estas no hacían nada, y la única respuesta posible es por complicidad, irresponsabilidad, ineptitud.
Lo más grave es que a fuerza de repetirse estos casos sin que se produzcan las debidas investigaciones y sanciones, así como las acciones necesarias para tratar de erradicar el caldo de cultivo que los crea, el radio de acción de sus malvados efectos se extiende cada vez más y puede permear todo el aparato estatal y las instituciones hasta socavarlos.
Estos deberían ser los temas que se estuvieran discutiendo en medio de una campaña electoral, que luce únicamente enfocada en quién vencerá a quién, o quién tiene más recursos para imponerse, sin importar de donde vengan, y de un debate nacional intencionalmente concentrado en cómo mantenerle la posibilidad al presidente de volver a gobernar bajo el subterfugio de la unificación de las elecciones, luego de que fracasara el tenaz intento de la reforma constitucional para permitirle una nueva reelección.
No nos dejemos engañar con algunas ofertas de modificaciones constitucionales que serán dadas como espejitos para deslumbrarnos, pues el saneamiento del poder judicial necesita más que de nuevas reformas, de real voluntad política de hacerlo, así como se requiere también de firme voluntad para atacar la corrupción y el crimen con acciones de fondo, y no puras poses de forma. Y es que para limpiar la copa no basta brillarla por fuera y dejar el sucio interno, se necesita limpiarla profundamente por dentro.
