La Ley para la institucionalización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue aprobada en el Congreso Nacional sin la debida atención, revisión y estudio que ameritaba esa importante pieza para nuestro país, como se puede apreciar por las excusas y posiciones de algunos legisladores.
Más que analizar e inmiscuirme en el debate sobre la constitucionalidad o no de algunos artículos de esa necesaria Ley para el soporte de las investigaciones formales, considero que los legisladores presentes y futuros deben ser más responsables con las labores para las cuales son escogidos por los ciudadanos.
Con esa Ley se repite la historia, como es el voto de congresistas por un proyecto sin ser ni siquiera leído, menos estudiado. Por razones como esa es que a cada momento descubrimos que algunas leyes contienen disposiciones y normativas iguales, contradictorias o muy oscuras.
Pero, a veces, la irresponsabilidad de un congresista va más allá del desconocimiento sobre el contenido de un proyecto de ley introducido en nuestro Congreso Nacional.
Se extiende a la inasistencia a las sesiones, reuniones de las comisiones o a otras labores propias de sus funciones. De ese mal hemos sufrido desde la fundación de República Dominicana.
Pagamos a cada legislador, cumpla o no, un salario digno. Por ejemplo, tenemos 190 diputados y cada uno recibe cada mes un salario de RD$175,000, RD$87,000 extra a su sueldo, RD$35,000 para gastos de representación, RD$20,000 de combustible y alrededor de RD$300,000 por el llamado cofrecito.
“Invertimos” cada mes alrededor de RD$617,000 en cada uno de los diputados, equivalente a RD$117.2 millones mensuales y RD$1,406.4 millones anuales en todos los legisladores de la Cámara de Diputados, sin agregar otros beneficios, como dos exoneraciones de vehículos.
La ciudadanía debe empoderarse y exigir más a nuestros legisladores, sin miramiento de partidos o colores, por el bien común y de nuestra institucionalidad.
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