Ley 1-24 o “Ley habilitante”

Ya es cultura en nuestro país que cada vez que se aprueba y se promulga una determinada legislación -ejemplo: ley de partidos y de régimen electoral (vacíos y fallas)- surjan, con escasa excepciones -en su momento-, voces críticas, incluso de actores de los poderes públicos de donde emana-aprueba-poder ejecutivo, Congreso, etcétera- el instrumento o pieza de ley. De modo que vivimos en un país donde lo más insólito goza, casi siempre, de un curioso “consenso” del que luego nadie es responsable -¿doble moral política o qué?-, pero da derecho a crítica o golpes en el pecho después o justamente, cuando es políticamente conveniente (¡Y ya para qué!).

Tal ha sucedido con la promulgada ley 1-24 que redefine al DNI -una suerte de la laboratorio de caliesaje o “huacalito”-alcahuetes de vigilancia ciudadana de aliento político-represivo- que ahora asume carácter de ley “habilitante” que se arroga funciones de la Armadas, dirección de migración y de otras instituciones -civiles, policiales y castrenses-, y encima, otorga y concentra, su operatividad orgánica-política, en el poder ejecutivo o presidencial sin acatamiento procesal o la intermediación judicial. Y se agrava más cuando ha trascendido que, el cedazo procesal-judicial, estaba previsto en la referida ley; pero, luego, como por arte de magia palaciega, tal dispositivo-taxativo, desapareció. Excusa o no, nos habla del espíritu trujillista-balaguerista que reafirma la prevalencia de esa falencia histórica-estructural en nuestra frágil cultura democrática. ¡Qué desgracia!

Y uno se pregunta, como otras veces: ¿adónde fue a parar el rol crítico y de contrapeso del Congreso y su ala opositora que votó semejante atentado a la libertad individual-ciudadana y de respeto constitucional al secreto de fuente de prensa o periodística? ¿Por qué, ahora, el grito de editores de diarios, periodistas y partidos políticos -¿extraterrestres?- si a todas luces esa ley es, dígase que no, una ley a semejanza de las “habilitantes” de Maduro y Ortega?

Muy cuestionable, entonces, que, en una democracia, bajo el estricto interés político, persecutorio y de control ciudadano, un presidente y su partido -de mayoría parlamentaria- se hayan dado esa meta en nombre de una “seguridad nacional” que, dicho sea de paso, ni siquiera puede controlar el flujo migratorio fronterizo -como de otra modalidad-nacionalidad- ni de detener la entronización del narcotráfico que ya es una realidad territorial nacional con asiento en casi todos los poderes públicos. Entonces, ¿a quién persiguiera o querrá controlar y vigilar dicha legislación? Sencillo: al ciudadano común o crítico; pero, sobre todo, a entes políticos, disidentes o de prensa contestataria a cualquier gobierno de turno, ¿o no?

En definitiva, no hay interés -ni cultural ni institucional- en nuestro país de legislar para profundizar y afianzar valores democráticos, sino para exhibir cómo avanzamos y retrocedemos, al mismo tiempo. Y ese es un contraste o déficit de factura anti-democrática que reitera, una vez más, ese histórico aliento trujillista-balaguerista (1930-61 y 1966-78) que se anida en cualquier presidente nuestro y que es cultura en el ejercicio del poder con vista puesta en adversarios políticos o desafectos. A propósito, ¿de qué democracia hablamos?

Y todavía más: este 2024, ¿vamos a reelegir semejante aspiración “democrática”? ¡Por Dios! !Eso hay que desterrarlo de cuajo! !Sin importar remiendos-”diálogos” de última hora o de zafra política-electoral!