La aprobación de una ley de compras y contrataciones públicas fue un requisito para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, generándose la expectativa de que gracias a esa nueva ley y a la dirección de compras y contrataciones que la misma creaba quedarían atrás los contratos grado a grado, fuente inagotable de corrupción.
Penosamente con esta legislación ha sucedido lo que con muchas otras, su débil redacción y la tímida y discrecional aplicación que ha tenido desde su entrada en vigencia, la ha convertido en una camisa de fuerza para aquellas instituciones y funcionarios que desean hacer las cosas bien, por la rigidez y poca practicidad de algunos procedimientos y la proliferación de profesionales de la impugnación expertos en boicotear procesos, así como en instrumento de falsa legalidad para los que han sabido y se les ha permitido distorsionar sus propósitos sin ninguna consecuencia.
Esto explica por qué los contados escándalos de corrupción que estallan en la opinión pública siempre revelan violaciones a dicha ley así como completa desviación de sus propósitos, con contratos anteriores a su entrada en vigencia que se renuevan y renuevan para mantenerlos al margen de la misma, con fraccionamientos hechos para reducir cuantía de contrataciones y acogerse así a procedimientos menos rigurosos y suplidores excesivamente suertudos, que ganan todos los procesos y sumamente versátiles pues ofertan todo tipo de bienes y servicios aunque no tengan experiencia que exhibir pues muchos son de incorporación muy reciente, quizás simplemente hechos a la medida del funcionario de turno.
Solo en el caso de la OMSA, que finalmente será examinado por la justicia porque hubo un horrendo asesinato, se ha revelado que en un período de 5 años de gestión del destituido ex director, las empresas de uno de los imputados recibieron según alega la Fiscalía transferencias por pagos de servicios y contratos por más de 494 millones de pesos y supuestamente cinco empresas cuyos nombres no son de notoriedad pública fueron beneficiadas con más de 800 órdenes de compra en dos años.
El portal de la OMSA tiene paradójicamente en su página de inicio en grandes caracteres la palabra transparencia y una sección de compras y contrataciones con datos de sus proveedores y procesos, lo que demuestra que de nada sirven estas publicaciones y efectuar supuestos procesos, si todo es un montaje para beneficiar a unos cuantos que vulnera los principios rectores de la legislación como los de igualdad, libre competencia, eficiencia y participación.
Por eso cabe preguntarse de qué ha valido un sistema de compras y contrataciones públicas que ya tiene once años y ha tenido esforzados directores pero que no es capaz o no cuenta con los recursos para detectar groseras irregularidades y violaciones a la ley, y que como órgano rector no ha actuado de oficio como está facultado, ni siquiera en los casos que periodistas y medios de comunicación sacan a la opinión pública como había pasado precisamente con la OMSA.
Lo menos que debería poder hacer el sistema es detectar recurrencias de proveedores no justificadas, que sean tomadas como señales de alertas para hacer las verificaciones de cumplimiento en las instituciones en cuestión.
Es una pena que en pleno siglo XXI los mismos caprichos que se permitían los reyes en el Medioevo con sus favoritas se sigan dando en nuestro país, y peor aún, utilizando el disfraz de unos supuestos procesos que no solo burlan la ley sino que reafirman que en nuestro sistema lamentablemente la ley y la justicia no son iguales para todos.
