Recientemente la comunidad jurídica dominicana fue testigo de una sentencia complaciente con tinte político emitida con unanimidad por tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), en una decisión absurda, el tribunal se arroga una competencia vía reglamentaria para conocer los amparos electorales, que no se la da la Constitución, ni la ley, porque las competencias de las instituciones públicas y de los tribunales son facultad del Poder Legislativo.
Resulta que en la funesta decisión de fecha 29 de diciembre de 2023, el TSE primero suspende la audiencia para el día 12 de enero de 2024, y segundo: ordena una medida precautoria que consiste en dejar sin efectos la juramentación del electo presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini.
Es evidente que el conflicto que se ha suscitado luego de las elecciones del CARD en fecha 2 de diciembre del año 2023, ha traspasado el ámbito jurídico y se ha convertido en una lucha política, donde se advierte que el gobierno de Luis Abinader tiene un interés marcado de construir una narrativa, para confundir a la población, de que le ganaron al candidato de la Alianza Rescate RD.
En esas atenciones, se advierte que desde el gobierno hay una presión sobre los jueces del Tribunal Superior Administrativo, de los jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Administrativo, para que, violentando la Ley Sustantiva y las leyes, estos últimos dicten una sentencia sin ningún fundamento jurídico, que favorezca al gobierno y al candidato perdedor del PRM.
En este contexto, tomando en consideración que el señor Miguel Surún Hernández, ha se ha querellado contra los jueces titulares del TSE, y en el caso hipotético que estos se inhiban subirán los suplentes, y estos como en otros casos pudieran dictar una sentencia sin ningún fundamento jurídico, pero en beneficio del gobierno y el PRM. En ese sentido, hacemos un llamado a los jueces titulares y suplentes del TSE, que tengan mucha precaución y no cedan ante las posibles presiones del Gobierno.
En conclusión, apelamos a la sapiencia, cordura, prudencia y buen juicio de los jueces titulares y suplentes, para que tomen la única decisión posible en este proceso, para que declaren la inadmisibilidad de la acción de amparo electoral presentada por Diego José García. Además, nos permitimos recordarles a los jueces que los gobiernos y las personas pasan, pero las instituciones permanecen.