Las situaciones jurídicas raramente son unívocas y conducen a una sola dirección. Siempre existen dos intereses, el cara o cruz de una misma moneda que, dependiendo de cómo caiga y quién la interprete, representará una versión distinta. Mientras se habla de sobrepoblación carcelaria, de los inculpados sin procesar y de una privación de libertad (a veces inmerecida), hay una familia de la víctima que espera justicia, enredada en los recovecos legales que le impiden obtenerla.
Se exige a jueces actuar con rigor y si lo hacen, se les acusa de excederse en sus facultades. Se critica la venalidad de las autoridades, para luego quejarse si aplican la ley sin distinción ni privilegios (por aquello de que todos somos iguales, pero unos lo son más que otros). Cuando se enarbolan los derechos de los inquilinos para una vivienda digna, se olvida el derecho de propiedad del que decidió alquilar -más por necesidad, que por lujo- porque precisa de ese ingreso para subsistir o incluso, cubrir el préstamo para la adquisición del inmueble que otro disfruta.
Se miran los derechos de los trabajadores a un salario que les permita sobrevivir, obviando los del empleador que hace mil malabares para que esté disponible a fin de mes. Se aboga por un derecho sindical para los empleados, pero se ignoran los efectos que sus excesos provocan en el desenvolvimiento de la empresa. Se lucha por el derecho a la educación, observando solo las deficiencias del alumnado, sin percatarse de que existe un profesor cuyas carencias lo limitan y precisa ser considerado en la ecuación.
El derecho a la libre expresión choca de bruces con el del buen nombre, el honor y la integridad del individuo que aparece en la noticia. El derecho a la salud tiene como reverso que esta sea accesible para todo el que la procura, sin limitar el legítimo derecho del médico a una retribución adecuada y ajustada a los servicios prestados. El acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva no es posible sin tribunales cercanos, rápidos, diligentes y con costos procesales razonables, al alcance de todos.
Tras una indemnización resarcitoria por un daño causado, hay un culpable que no puede pagarla porque, si bien el perjuicio lo cubre quien lo causó, debe ser en términos apegados a la realidad económica del responsable.
Así como una moneda no puede mantenerse en pie sin caer, lograr el equilibrio es un reto constante, en vista de que, en la diferencia está la igualdad y que, aunque el sol sale para todos, cuando llueve, todos nos mojamos, sea cual sea el lado que nos toque.